Cristina González y Pedro Castro durante la presentación de una campaña de Lyma en 2010
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa del denominado ‘caso Aparcamientos’ de Getafe tras estimar el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y los propios afectados, acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales.
Han pasado tres años desde la presentación del recurso de la Fiscalía e investigados ante la Audiencia de Madrid; más de siete desde que el PP denunciara el caso en los Juzgados de Getafe. Y casi diez desde que se produjo la polémica adjudicación de la Junta de Gobierno. La lentitud de la justicia ha provocado que los implicados hayan pagado suficiente ‘condena’ por unos hechos que ahora, al cabo de tantos años, no son susceptibles de condena penal. Otra valoración distinta sería la ética. Una decisión administrativa en entredicho en la que no estaban todos los que eran ni eran todos los que estaban en referencia a Sara Hernández y a Pedro Castro. Carreras públicas rotas definitivamente en algunos casos, y el ‘duro’ castigo de la práctica inhabilitación para los que estaban y para los que, mejor dicho, para la que aún aspira a figurar en política; ahora con el expediente limpio.
La presunción de inocencia se suele romper en la mayoría de estos casos, simplemente por el propio trámite de la imputación, ahora investigación, y la evidencia de unos hechos turbios: la adjudicación claramente sospechosa a la cooperativa de aparcamientos Jilguero 2005, cuyo consejo rector estaba controlado por el marido, la madre y el padre de la concejala de obras, Cristina González. Y no solo era cuestionable esa primera votación cuando se enteró «por la prensa» que en el consejo rector estaba toda su familia, sino que volvió a votar a favor de la modificación ventajosa de las condiciones de la concesión administrativa a favor de sus familiares.
Hoy, arrojado a la papelera el eterno y previo titulillo de ‘presunta’, la noticia del día y las especulaciones rondan sobre cuándo oficializará Sara Hernández el empleo de Cristina González, como adjunta y suplente a la alcaldía. Cuándo es pronto. Se avista en las próximas semanas un nuevo y poderoso cargo de confianza, con las mismas funciones que viene desarrollando ahora en la sombra.
En el año 2010, la denuncia del PP fue archivada tras el informe de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, el PP insistió con su disputa judicial. En octubre de 2012 se conocía que la titular del Juzgado de Instrucción número 7 citaba como imputados a cinco concejales del gobierno PSOE-IU y a varios funcionarios del Ayuntamiento por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación y tráfico de influencias.
Tras la decisión del juzgado, los entonces concejales socialistas Pedro Castro, José Manuel Vázquez, Cristina González y David Castro, además de la edila de IU, Sylvia Uyarra dimitieron de sus cargos.
Según el auto de la Audiencia Provincial que se ha conocido hoy, «para la apreciación de la prevaricación administrativa no basta la mera ilegalidad a este respecto; no existiendo estos delitos cuando la resolución correspondiente es solo una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho».
La Audiencia Provincia tampoco ha encontrado indicios de que los funcionarios públicos investigados «se concertaran con los interesados o usasen de cualquier otro artificio para defraudar al ente público y tampoco que sustrajeran o consintieran que otros sustrajeran caudales públicos ni que se aprovecharan de su cargo público para forzar o facilitarse cualquier forma de participación en las contrataciones».
Más información sobre (la historia de) este caso en:
El caso aparcamientos sigue rodando
El caso aparcamientos y el futuro del PSOE
