Las quejas por los botellones en Juan de la Cierva y otros problemas de convivencia en los barrios getafenses como la ocupación de casas y locales en la Alhóndiga dan cuenta de la nula efectividad de la ‘policía de barrio’ que introdujo el Gobierno socialista de Sara Hernández nada más coger la vara de mando. Se trata, como la mayoría de las veces, de una acción publicitaria que pretende ‘vender’ a los vecinos una iniciativa como original, novedosa y eficaz.
Nada má lejos de la realidad. La policía de barrio en Getafe fue una iniciativa del gobierno de Pedro Castro en el 2007 cuando Sara Hernández y David Lucas, los dos jóvenes delfines del socialismo getafense, formaban parte de él. Sin embargo, el aumento de la seguridad en el municipio no fue el resultado de esa medida sino del convenio con la Comunidad de Madrid y el consiguiente aumento de medios, vehículos y agentes. En el año 2005 se integraron 95 nuevos agentes en la Policía Local de Getafe, la mitad de ellos gracias al gobierno regional que, además, se comprometió a invertir 32 millones de euros desde ese año hasta el 2018 que finalizará el convenio. Todo lo demás, propaganda y paparuchas.
El territorio aumenta con nuevos barrios, nuevos problemas y la plantilla de la policía local está congelada, en parte enfadada, y encima a pie. Normal que no se les vea; aunque parece que algunas noches, —según el comentario de un lector— (a las 3 de la madrugada, con nocturnidad y alevosía, ) siguen multando coches mal aparcados que nunca han estorbado ni han sido ‘sancionados’ en esos lugares ‘consentidos’. Generando buena imagen, que se dice en márketing.
