Sara Hernández intenta lavar su imagen de pereza política, ausencia de proyecto para la ciudad y desidia en la gestión con anuncios extemporáneos como un ‘plan de acerado’ que podría haber planificado cualquier funcionario de los servicios técnicos y que no importancia más allá del mantenimiento ordinario. Sin embargo, la realidad política es otra. Los líos sindicales [y judiciales] se acumulan, algunos de cierta importancia para los trabajadores, para el bolsillo de todos y para su curriculum político.
Es el caso de los despidos de LYMA, uno de las decisiones más graves y controvertidas desde que ejerce en el cargo. Algunos de los extrabajadores, contratados en su día para librarlos de la exclusión social, están desahuciados como personas y pasando los peores momentos de su vida. Concretamente, uno de los extrabajadores, que actualmente malvive con sus hijos en un coche, ha confesado que está al borde del suicidio.
Para denunciar su situación, los ‘despedidos de LYMA’, han convocado una rueda de prensa con el objetivo de mostrar la situación límite en la que viven, el estado jurídico del conflicto y hacer patente la negativa de la alcaldesa a cumplir con las mociones aprobadas en el Pleno solicitando su readmisión. La situación se ha enquistado de tal manera que, a pesar de las resoluciones judiciales ganadas [10 de 24], la alcaldesa los vuelve a despedir y denuncia a algunos por la vía penal pidiendo cárcel. Es ‘cruela de vil’.
Otro de los puntos negros de la gestión municipal ha sido la Policía Local, un colectivo al que Sara Hernández declaró la guerra nada más coger el bastón de mando. El conflicto ha supuesto, acentuado por el enchufismo y la falta de recursos técnicos y humanos, molestias para los vecinos [oleadas de multas como forma de protesta de los agentes] y aumento de la inseguridad ciudadana.
El penúltimo de los encontronazos con la Policía Local ha sido el cierre de la unidad de violencia de género «para montar otra con agentes ‘enchufados’. El Ayuntamiento ha publicitado la nueva unidad informado que ha pasado de 14 a 41 agentes, creando la figura del Agente Tutor y la unidades de Protección Integral de las Víctimas y Disciplina Viaria. Desde el sindicato, sin embargo, insisten en que «se retira la atención especializada por las tardes y, que para completar la reorganización han eliminado agentes de las calles; todo para maquillar la incapacidad de la alcaldesa».
Por último, cabe reseñar que el CSIT-UP, ha interpuesto una demanda contra el Jefe de Policía y contra la alcaldesa al entender que se produce una «reiterada e injustificada vulneración de derechos de la plantilla, en relación con la solicitud y concesión de días libres». Los agentes se quejan de las continuas reasignaciones arbitrarias de personal, la adjudicación de destinos ‘a dedo’ y, en general, la denegación sistemática de derechos».
La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Getafe [UGT está desaparecida cuando gobierna el PSOE] también ha denunciado regularmente las decisiones laborales de Sara Hernández y la privatización de algunos servicios. Esta semana, CCOO acusaba al Ayuntamiento de ser el responsable de la pérdida de empleo de cuatro trabajadoras del servicio de Teleasistencia tras asumir el programa que ofrecía la Comunidad y privatizarlo.
Entre los líos judiciales destaca el ‘caso Ganga’, por prevaricación y malversación de fondos públicois, en el que GISA pagó al abogado Alberto Ganga un finiquito de 60.000 euros por menos de un mes de trabajo [y sin superar el periodo de prueba cuando le correspondían 700 euros. A parecer por orden de la alcaldesa El juez y la fiscalía ampliaron a 18 meses para instruir el caso por su complejidad. ¡Cómo está la justicia! Bueno, el plazo cumple justo el próximo abril o mayo. Otro conflicto judicial es la denuncia admitida a trámite de Impulsa Getafe por daños medioambientales en los vertidos de Perales del Río; la imputación del edil de Limpiezas por [presuntamente] falsificar la firma de una trabajadora, adjudicaciones a ACOEG,…
