OPINIÓN

Movilidad, contaminación y derecho a la salud

Kike Pinel

OPINIÓN/ por KIKE PINEL.— Las medidas del Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación -la activación de los protocolos en la M30, la restricción al tráfico de Madrid Central y la colocación de semáforos en la A5- están siendo usadas por algunos partidos como arma electoral para intentar condicionar a los personas que residimos en los municipios vecinos, obviando los perniciosos efectos demostrados de la contaminación en la salud y la necesidad de ir a otros modelos de movilidad, con un discurso simplista que ridiculiza las medidas para limitar los picos de contaminación.

Los gobiernos del PSOE de Móstoles y Fuenlabrada han actuado al respecto, solicitando desarrollar propuestas alternativas a los semáforos de la A5. En Leganés, el alcalde reconoció que, aunque reconocía la legalidad de la medida, no estaba de acuerdo con la instalación de los semáforos. El PP ha ido aún más lejos. En octubre de 2016 el PP interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por entender que podría vulnerar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. La estrategia del PP de Madrid es presentar mociones en todos los ayuntamientos donde tiene representación, reprobando la política de movilidad de Manuela Carmena. Argumentan que su política de movilidad perjudica gravemente los derechos de la ciudadanía, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo. Incluso han llevado su escenificación del conflicto al Defensor del Pueblo. El argumentario es culpabilizar al Ayuntamiento de Madrid de tomar medidas ineficaces sólo por estar ideológicamente en contra del coche. La respuesta es ridiculizar y descalificar, aunque no hay nada más ideológico y sectario que no tener en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en 2012 clasificó las emisiones de los motores diésel como cancerígenas para los seres humanos.

Frente a este ruido, podemos intentar analizar las medidas que se están llevando a cabo. Es básico indicar que los poderes públicos y los partidos políticos deben transmitir que por encima del derecho a usar el coche está el derecho a la salud de todas y de todos. Se trata de proteger la salud de la ciudadanía teniendo en cuenta que el 79% del NO2, uno de los contaminantes más perniciosos, es originado por el transporte, por lo que es necesario tomar medidas sobre la movilidad en la Comunidad de Madrid. El automóvil es el medio que más energía de tracción consume, cuatro veces más que el autobús para el mismo número de viajeros. Se sitúa así como principal foco emisor y principal responsable de la contaminación del aire en las ciudades. Existe un serio problema de superación de límites de contaminantes, particularmente NO2 y Ozono, que son muy perjudiciales para la salud. Provocan enfermedades respiratorias, alergias y son factores de riesgo para las enfermedades cardíacas. Lo exige la Comisión Europea. Bruselas quiere medidas «urgentes, creíbles y eficaces» para reducir a contaminación atmosférica en los Estados miembros. Se han abierto procedimientos contra algunos países, cosa que no ha pasado con España, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central. En Europa, más de doscientas ciudades han delimitado zonas de emisiones bajas donde se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes.  

Es necesario tomar medidas ya por parte de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, trabajando en la aplicación de medidas estructurales y asignaciones presupuestarias concretas. El protocolo autonómico para episodios de alta contaminación, similar al que ya tiene el Ayuntamiento de Madrid, ya ha demostrado sus carencias. Nunca se han activado sus restricciones. Hace un año, Podemos las recibió con escepticismo, ya que buena parte de las medidas son «meras recomendaciones». La Comunidad tiene el mismo número de estaciones de medición que el Ayuntamiento para 12 veces su territorio. El protocolo que ha presentado de la Comunidad de Madrid no ha servido para atajar los picos de dióxido de nitrógeno que se están registrando en Getafe, donde se sobrepasó el año pasado repetidamente los 200 microgramos de NO2, pero solo en una estación, la única que hay en la localidad. Para activarse, se requiere que estos picos se den en al menos dos estaciones de una zona, de las siete en las que divide la región.

La Comunidad de Madrid no sólo no ha avanzado planificando procedimientos serios, realistas y efectivos, sino que ha boicoteado las medidas del ayuntamiento de Madrid. No ha reforzado el servicio de Metro ni el de Cercanías. La degradación del metro público ha llevado este año 2019 a tener incidencias técnicas casi a diario. El verano pasado Metrosur se vio afectado  por obras en 16 estaciones, efectuadas según el Ministerio de Fomento por fallos estructurales debidos a deficiencia en los materiales de construcción. En 15 años se ha cerrado tres veces la línea. La clausura de 2012 fue «de emergencia» y costó 7,7 millones de euros. En 2014 hubo que volver a hacer arreglos en algunas estaciones por valor de 10,4 millones de euros. Estas últimas reparaciones del verano de 2018 han tenido una inversión de 24 millones.  El mismo partido que acusa de dogmatismo a las medidas contra la contaminación salpicó el Metrosur  con conexiones con la Púnica, siendo investigadas las facturas y apuntes contables que David Marjaliza detallando el reparto de mordidas. Desde Podemos, el diputado Alberto Oliver ha explicado que Metrosur es una buena idea mal ejecutada. Las infraestructuras llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid desde el año 95 tienen un patrón común: poco rigor en el diseño, mala ejecución, modificados ilegales y sobrecostes escandalosos.

Es necesario poner en valor los múltiples beneficios que tiene para la sociedad la inversión en transporte público. Las estrategias de movilidad eficientes mejoran tanto la salud como la movilidad de la mayoría de la población, al mover a más personas y redistribuir mejor el espacio urbano disponible. Incluso repercuten en una mayor productividad y eficiencia de la actividad económica, a la par que facilitan la supervivencia del pequeño comercio local.

Hay que tomar medidas en los municipios del sur de Madrid. Ya en 2010,  el informe de calidad del aire en la Comunidad de Madrid de Ecologistas en Acción, concluía que Leganés superaba los límites legales de contaminación establecidos por la Unión Europea. En 2017 se vuelven a registrar niveles de contaminación prácticamente idénticos a los que se daban antes de la crisis. Los datos de la Comunidad de Madrid revelan que Coslada, Getafe y Leganés volvieron a rebasar los límites de NO2 en el aire permitidos por la normativa europea con cifras muy similares a las de 2011. La situación obliga a tomar medidas y todas las políticas internacionales tendentes a la mejora de la calidad del aire coinciden en que es necesaria una clara disminución de las emisiones de contaminantes por tráfico para poder garantizar una mejora en la salud de la ciudadanía. Existe rango de mejora del transporte público de nuestro municipio en alianza con Madrid capital.

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