FUENLABRADA

Residuos radiactivos atravesarán los municipios de Móstoles, Fuenlabrada y Pinto hasta el depósito de Villar de Cañas

transporte

Los residuos radiactivos de alta actividad y el combustible gastado procedente de las ocho centrales nucleares españolas atravesarán por carretera más de 200 municipios, entre los que se encuentra Móstoles, Fuenlabrada y Pinto. Según la empresa ENRESA, se prevén unos 40 transportes anuales

Los bidones de residuos radiactivos viajarán desde las distintas centrales nucleares hasta el depósito de Villar de Cañas (Cuenca), donde descansarán durante, al menos, 60 años. De acuerdo con la ruta establecida para los transportes desde la planta atómica de Almaraz, en Cáceres, hasta el ‘almacén temporal centralizado’ según figura en la Memoria del Estudio de Impacto Ambiental de Enresa, los residuos pasarán por carretera a través de municipios como Navalmoral de la Mata, Torralba de Oropesa, Talavera de la Reina, Fuenlabrada, Móstoles, Pinto, Rivas Vaciamadrid, Perales de Tajuña, Tarancón, Villarubio y Saélices.

Está previsto que se produzcan unos cuarenta transportes de este tipo cada año durante los 60 años que durará el plan de transporte de residuos radiactivos. En este tiempo, se transportarán 6.700 toneladas de residuos radiactivos por las carreteras españolas. Para el transporte de los resíduos, además de los procedentes de Navalamoral de la Mata, que afectarán a municipios de la zona sur madrileña, se han establecido rutas por carretera desde las centrales de Ascó y Vandellós, Cofrentes, Garoña, Zorita y Trillo.

A raíz de hacerse públicas las rutas del transporte de residuos nucleares, la portavoz de la campaña de Greenpeace, Raquel Montón, ha mostrado su preocupación porque estos transportes no han sido informados a los municipios afectados y que muchos de los residuos atravesarán Madrid, lo que debido a su densidad de población es ‘inquietante’.

Raquén Montón, también ha expresado su sorpresa por que los residuos de Cofrentes y los de Ascó y Vandellós no sigan la misma ruta y porque Trillo y Zorita tampoco comparten itinerario. Montón ha destacado que a lo largo de 60 años viajarán por las carreteras españolas 6.700 toneladas de residuos radiactivos. «Son muchos miles de kilos de residuos altamente peligrosos y, aunque los embalajes cumplen las normas de la Organización Internacional de la Energía Atómica, estos requisitos no garantizan la seguridad en caso de accidente», ha advertido.

Los bidones en los que se transporta este tipo de residuos deben soportar una caída libre de 9 metros y, en caso de incendio soportar 800 grados centígrados durante 30 minutos, algo que para la portavoz de la ONG es «fácil de superar». «El riesgo cero no existe. La historia está plagada de encubrimientos y en Estados Unidos se han contabilizado hasta 58 accidentes en traslados», ha manifestado Raquel Montón que ha insistido en que no se puede asegurar que no se va a producir un accidente, ni tampoco que no vaya a pasar nada en caso de accidente. Por ello, cree que los 210 municipios más cercanos a las rutas por las que viajarán los residuos atómicos deberían ser conocedores de esta situación porque en caso de accidente se exponen a la radiación, ya que las normas son las mismas que para cualquier otro residuo peligroso.

En total, según los cálculos de la empresa Enresa se prevén unos 40 transportes anuales, lo que significa unos 3 transportes cada mes por las carreteras con tráfico y cercanas a poblaciones. Ante esta situación, la portavoz de Greenpeace ha apuntado que la OIEA debería elevar los estándares mínimos de seguridad de los bidones para el transporte de estos residuos. Mientras tanto, ha anunciado que si el Gobierno o ENRESA no informan a los municipios afectados, al menos Greenpeace les remitirá una carta a los 210 pueblos para que conozcan la circunstancia y puedan actuar. «Este proyecto conlleva un transporte radiactivo y consideramos que los municipios afectados deberían estar siendo informados y tener derecho a la participación pública en esta cuestión», ha concluido Montón que ha añadido que «si nadie informa a los municipios, Greenpeace lo hará».

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