El Gobierno de Sara Hernández no para de recibir reveses judiciales. El primero, y gordo, ha sido la sentencia de la Audiencia Provincial del pasado mes de diciembre que obliga al Ayuntamiento a pagar 6 millones de euros al Getafe CF por las subvenciones no abonadas desde el año 2010. El anterior ejecutivo ganó el pleito en primera instancia. La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido objeto de dimes y diretes, chismes y cuchicheos sobre el nuevo equipo jurídico designado por el PSOE local y que a la primera de cambio pierde un ‘partido’ de seis millones. De momento se desconoce si el gobierno municipal recurrirá al Tribunal Supremo o pagará. Al parecer, la sentencia resuelve a favor del Getafe por que el Ayuntamiento no ha rescindido aún el convenio firmado; ni durante la legislatura de Juan Soler ni durante estos siete meses de Sara Hernández. Y mientras no se firme uno nuevo o se rescinda, la economía del equipo de fútbol seguirá recibiendo 1,5 millones por año. En todo caso, el agujero que provoca en las arcas municipales y por ende en el bolsillo de todos los getafenses la decisión de la Audiencia contrasta con la cara de felicidad de Ángel Torres.
La segunda contrariedad ha sido la resolución anulando la adjudicación del mantenimiento de las zonas verdes y el embellecimiento del municipio. La Mesa de Contratación y la Junta de Gobierno local no han estado muy finas. La chapuza administrativa y de baremación provoca algunas consecuencias en la empresa adjudicataria y en los trabajadores. Al final, la suculenta tarta en discusión se la vuelve a comer Valoriza en detrimento de Urbaser y de Althemia. Al menos hay que reconocer que los abogados de la de la filial de Acciona son buenos…
Y la tercera, directamente, en la frente [del PSOE]; en las últimas semanas, los tribunales han admitido la personación del PP en el ‘caso Jeromín’ en el que están implicados dos exconcejales socialistas por justificar las cuentas del Getafe Beta de Baloncesto con pantagruélicas y multitudinarias comilonas en ese bar en el que apenas caben quince personas. El partido conservador había denunciado, sin pruebas, la orden ‘entreverada’ de la alcaldesa para ‘dejar pasar’ la acusación municipal.
