► La falta de exigencia y control a las empresas y las pocas sanciones impuestas provoca que las ofertas que presentan sean irreales y anormalmente bajas. «Nadie ofrece tanto como el que no piensa cumplir», afirman desde ULEG parafraseando la célebre cita de Quevedo
Carlos Aranzana
El partido independiente Unión por Leganés–ULEG ha vuelto a poner en evidencia la permisibilidad y la falta de control que el gobierno municipal, arropado por el PP y los tránsfugas, ejerce sobre las empresas adjudicatarias. Y para corroborar estas aseveraciones, citan la existencia de empresas que actualmente prestan servicios sin tener el contrato en vigor como el mantenimiento de semáforos, el mantenimiento del alumbrado público o el servicio de coordinación de seguridad y salud cuya empresa (Darzal), además se encuentra inmersa en un proceso judicial en el Audiencia Provincial de Vigo.
«Se han dado casos en los que operarios y maquinaria de varias empresas se han encontrado trabajando en otros municipios. También se viene observando como hay vehículos que solo tienen el distintivo de la compañía, pero no el del ayuntamiento lo que puede favorecer el trasiego de maquinaria y dificulta su control», afirman desde el partido vecinal. La principal consecuencia de que apenas se hayan impuesto sanciones a los incumplimientos y la permisibidad es que las ofertas de algunas empresas son irreales y extremadamente bajas «porque no piensan cumplir y nadie les exige tampoco el cumplimiento», según ha declarado el concejal del partido vecinal Carlos Aranzana.
Próxima privatización del almacén municipal
Desde ULEG añaden que en estos dos últimos años el alcalde de Leganés, el ‘socialista’ Santiago Llorente, «ha privatizado el mantenimiento de edificios y está elaborando un pliego para una privatización encubierta del almacén municipal. Y añaden más incumplimientos. Hace casi 6 meses, la nueva empresa de mantenimiento de zonas verdes comenzó a prestar servicio estando obligada a ejecutar, como mejora del contrato, el ajardinamiento lateral de unos 8.000 m² en la calle Estaño, incluyendo un carril bici y un paseo peatonal todo ello valorado en 172.000 euros. El plazo para su realización era de 4 meses desde el acta de inicio del contrato, por lo que esta obra debería de haberse terminado a finales de febrero de 2017». Aún no se ha comenzado siquiera, denuncian.
En multitud de edificios municipales las instalaciones contra incendios se encuentran sin la revisión trimestral que viene definida en el pliego. Un contrato que pasa casi desapercibido, aunque su importancia es capital, puesto que según Carlos Aranzana, concejal de Unión por Leganés–ULEG, «esto es una irresponsabilidad y supone un claro incumplimiento del contrato. Con la seguridad no se juega. Vamos a exigir la apertura de un expediente a la empresa». En las pegatinas de las revisiones que tienen extintores y otros aparatos contra incendios figura la fecha de cada revisión, que hasta ahora coincidía cada 3 meses. Se puede constatar la denuncia realizada por Aranzana cómo en algunos edificios municipales están sin las pertinentes revisiones trimestrales por la empresa Servicoin, —por poner algunos ejemplos— en la Casa del Reloj, en la Casa Consistorial de Plaza Mayor, Plaza de España, Junta de Distrito de La Fortuna, Escuela Infantil El Rincón, Pabellón Europa, Pardo Bazán, Centro de Mayores de Juan Muñoz o en el Teatro José Monleón con capacidad para 500 personas o el Teatro Egaleo con capacidad para 1.000 personas, este último cuyo última revisión se realizó en septiembre de 2016.
Contenedores de basura sin pedales
Otro contrato controvertido es el de la limpieza de vía pública en el que el Ayuntamiento tuvo manga ancha para que Valoriza pudiera modificar la mejora ofertada de 4.602 contenedores y reducirlos a 1.730. Sin embargo, se echó de menos ese esfuerzo para que los contenedores fueran accesibles con una mayor boca para los envases o que tuvieran pedal, algo que ya denunció ULEG en un pleno. Precisamente fue el alcalde, en el último Consejo de Sostenibilidad, quien se negó a contestar las preguntas de ULEG sobre el número de contenedores en depósito e instalados o si alguno de los contenedores que la empresa tiene que aportar aún serán para el reciclado de papel cuyo sistema se está valorando cambiar a carga lateral. Según el edil de ULEG «el Consistorio tampoco ha exigido que esta empresa instale el tercer punto de recarga para vehículos eléctricos, este de uso público».
La instalación de este punto de recarga para vehículos eléctricos es sin coste como los otros dos ya instalados, quedando poco más de un año para que finalice el contrato sin que haya visos de su ejecución. «Lo curioso es que también la empresa Althenia está obligada a instalar un nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos en el edificio del almacén municipal ¿el que se privatizará?», pregunta con ironía el concejal de ULEG.
Otra prueba de que las ofertas de algunas empresas son más que dudosas es la realizada por Acciona que se encargará del mantenimiento de la red de saneamiento y que ofertó una rebaja sobre el precio de licitación de más del 52%, por lo que se encontró en baja temeraria. Para justificarla indicó que renunciaba al beneficio empresarial a pesar de lo cual el primer año la empresa tenía unas pérdidas de más de 43.000 euros que además no anualiza ni financiaba. Por otro lado, infravaloraban los costes salariales al no utilizar para su cálculo el convenio colectivo en vigor sino uno más antiguo. A lo que se añade que la empresa pretende ahorrarse los costes de tratamiento de residuos al enviarlos a una planta depuradora de aguas residuales de Guadalajara, sin tener en cuenta el coste de hacer 72 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta.
Comisión de Contratación secuestrada por el alcalde
El Consistorio está pagando por servicios que no se prestan de la forma que dicen los contratos. Desde ULEG han indicado que esta es la verdadera razón para que el alcalde cesara al edil Aranzana como Presidente de la Comisión de Contratación que es la encargada de vigilar el cumplimiento de los contratos o que no se celebre desde hace más de un año la mesa de seguimiento de las contratas. «Tienen miedo de que hagamos aflorar toda esta desidia por no decir corruptela en el control de los contratos», aseguran desde el partido vecinal.
