Entre los militares sublevados el 18 de Julio de 1936 contra la República estaba el general Aranda, nacido en Leganés
“Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Artículo 15 de la ley de la Memoria Histórica.
♦ La ley de la Memoria Histórica en Leganés no se cumple, además, a nadie le importa. Por ejemplo, el teniente general Aranda, además de una tumba en el cementerio de Butarque, tiene una calle. Es una de las calles más pequeñas, pero al mismo tiempo no podía estar mejor situada: entre la plaza de España y la plaza de París. En el centro mismo del casco antiguo. Es como si alguien hubiera querido colocar el recuerdo de este militar sicorazón en el corazón mismo de la ciudad.
Antonio Aranda Mata, a pesar de ser el personaje, nacido en Leganés, con más incidencia en la historia de España, los leganenses de bien tienen muy pocas razones para sentirse orgullos de un paisano tan ilustre, sino más bien, incluso, todo lo contrario. El 18 de julio de 1936 tan sólo era un coronel que ejercía la máxima autoridad militar en la ciudad de Oviedo, cuando las milicias populares, integradas fundamentalmente por mineros, fueron a pedirle armas, escribe el prestigioso historiador Gabriel Jackson, se negó a proporcionárselas, afirmando que no se preocuparan, que él, estaba con ellos. Es más, estuvo colaborando activamente con las autoridades del Frente Popular, poniendo a disposición de los mineros un tren para que viajaran a Madrid a defender la República. Al final, tal como se temían algunos, terminó declarándose partidario del Alzamiento Nacional mucho antes de lo que, afirma el historiador británico, hubiera deseado. Sin perder tiempo, avisaba a los militares sublevados en Valladolid para que detuvieran los trenes cargados de mineros. Los nacionales salieron al encuentro y, sin vacilar lo más mínimo, los fusilaron a todos. Fue una verdadera masacre, teñida por la mentira y la traición de un militar de carrera que había jurado defender por su honor la República. Sin embargo, Pedro González, un ferroviario que fue elegido alcalde en dos ocasiones por los vecinos de Leganés, una al iniciarse la República y otra en plena Guerra Civil, a pesar de haber pagado con su vida en defensa de la democracia y el patrimonio cultural de la ciudad de Leganés, tiene una calle en uno de los barrios del extrarradio, cuando debería tener es una de las más grandes avenidas con una estatua en medio de una glorieta. Este hombre, además de defender la legalidad vigente, se opuso a que en 1936 se quemara, “plantándose a las puertas del templo”, el retablo de la iglesia de El Salvador, una de las obras maestras de José de Churriguera. El 24 de abril de 1939, apenas hacía un mes que había acabado la guerra, fue detenido en las inmediaciones de la estación de Atocha, acusado de haber sido el “alcalde rojo” de Leganés. Un año más tarde moría fusilado. ¿Cómo es posible, uno se pregunta, que uno de los generales de Franco tenga una calle y, este alcalde, el único alcalde democrático que ha tenido Leganés hasta que en 1979 se celebraron las primeras elecciones, sea un auténtico desconocido? Ya no se sabe en qué país vivimos. El nombre de una calle debería ser para quien lo merezca y lo que está claro es que la ley de la memoria histórica parece que aquí a nadie le importa.
En el artículo 15 de la ley de la Memoria Historia se puede leer: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
