LEGANÉS

El Gobierno de Leganés no se pone manos a la obra

Javier Márquez, el día que aseguró en sede plenaria que las obras del pabellón estaban ejecutadas al 40 %

El pleno aprueba el cese del director irregular de Sostenibilidad, Obras y Medioambiente, Javier Márquez

La laxitud y la no penalización a las contratas se convierte en habitual con Llorente

¿Se construye o se destruye en Leganés? Basta con darse una vuelta por el municipio para ver varias deficiencias en materia de Obras, Sostenibilidad y Medioambiente, cuyo responsable último y quien, además, tiene asumidas las competencias del área es el propio alcalde, Santiago Llorente, y cuyo director general irregular (según el TSJ de Madrid) en Francisco Javier García Márquez. Márquez fue, precisamente, protagonista en el último pleno extraordinario de enero del presente año. Por mayoría se solicitó al alcalde su cese. Proyectos de bibliotecas en ruinas, entregas de obras fuera de plazo, instalaciones estancadas y sin viso de volver a recuperar el servicio que prestaban a la ciudad, laxitud y permisividad notable con las contratas, el maltrecho estado de los colegios públicos (que parece que van a estar toda la legislatura arreglándose) son algunos de los ejemplos que se exponen en este reportaje. Algunos nuevos, otros vienen con más datos.

El pleno se pronunció sobre este director general irregular. Pero, también hizo lo propio, hace unos meses, con otra directora como Laura Oliva y no sirvió para nada. Desde el Ejecutivo se defienden apelando a la “animadversión de algunos grupos hacia la figura del director general” o de “cacería”, si bien los datos y razones sobre la gestión de éstos no provienen de la imaginación. Por su parte, y quizás cómo no podría ser de otra manera, Santiago Llorente mostró su apoyo y ratificó a Márquez.

Está siendo una realidad que, más allá del argumento de la “animadversión”, en todos los plenos salen a relucir flagrantes incumplimientos de las empresas. Pero, en esta casa, parece que lo de penalizarlas no gusta.

Esto da lugar a un agravio comparativo entre las contratas y los vecinos y vecinas, quienes, al fin y al cabo, pagan por ellas. Lo contrastes siempre vienen bien para ilustrar. La central de residuos de Leganés Norte, gestionada por Valoriza, fue convertida por la empresa en una suerte de cantón de limpieza, en un almacén de acopio de material, realizó una explanada para sus trabajadores y abrió una salida trasera al camino. Si a un vecino le pillan tirando escombros en vía pública, le multan; aunque diga que ya no lo va a volver a hacer.

Como ya hemos indicado en otras ocasiones, los empleados de esta empresa tenían que cruzar la carretera con sus carritos sin paso de peatones (pasar Ronda Norte cuya velocidad máxima son 60km/h). Esto supone un gran peligro y, por supuesto, poner en riesgo a tus trabajadores al no respetar la normativa de prevención de riesgos laborales. En el pliego, se indica expresamente que cuando no se respetan estas normas, se puede penalizar a la empresa. Pero, no ha existido sanción.

En el tema de los contenedores también podemos apuntar más novedades. Según el pliego de condiciones, Valoriza tenía que poner el 80% de los contenedores nuevos ofertados en el primer año de contrato. Bien, ya estamos en el tercero y los van a empezar a poner ahora. Estamos hablando de 4602 contenedores, que se le hicieron demasiados a esta empresa, y propuso al ayuntamiento la contraoferta de sustituirlos por trabajo. Se les aprueba la modificación y de ese número van a entregar ahora, aproximadamente, 1700 a la par que asumen nuevas zonas de limpieza que ya lleva el propio ayuntamiento. Esto significa que cuando acabe el contrato, en 2018, complicará las prórrogas. Consecuentemente, en el pliego que salga, habrá que asumir los nuevos trabajadores que han metido en detrimento de los empleados de la casa. En suma, zonas que ya no podrá llevar el propio consistorio. Por tanto, podríamos interpretar que estamos ante una privatización encubierta de nuevas zonas y del servicio municipal.

Sin embargo, esto nuevo no es. Márquez ha privatizado ya varios servicios como los que se acaban de comentar o el mantenimiento de edificios municipales, que otrora era llevado a cabo por empleados municipales y desde noviembre es para Construcciones Ortiz. En Leganés, han sido los socialistas quienes han privatizado todo lo que era carne de privatización. Además, en sus modificaciones de plantilla, amortizan puestos de limpiadores para crear otros.

Contenedores comprometidos por la adjudicataria que han llegado con casi dos años de retraso

Volviendo a los contenedores, es interesante explicar que con 530 euros no es posible adquirir un contenedor. De hecho y según los precios que los técnicos municipales han obtenido de las empresas fabricantes, por un pedido con volumen superior a 100 unidades, es de 955,9 euros (IVA incluido) la unidad sin pedal. Si multiplicamos los 955,9 x 4.602 nos da la cifra de 4.399.051,8 euros, esto es, algo inasumible por la empresa y también, según nos apuntan las fuentes, la verdadera razón para cambiarlos por nuevas zonas y 1.730 contenedores. Desde luego, no parecen cifras muy reales.

Actualmente, los contenedores están siendo recepcionados. Técnicos del ayuntamiento afirmaban que recibir tal número era antieconómico porque se precisaba del alquiler de una nave de 10.000m², un administrador, un almacenero y una alarma. No en vano, al venir desmontados, varias fuentes apuntan a que con un espacio de 1.000m² bastaría. Lo llamativo en este punto es la necesidad de una alarma cuando hace más de un año robaron en Ceteca y en el almacén municipal, donde se encuentra toda la maquinaria valorada en millones de euros. A día de hoy, Márquez no ha puesto alarma alguna allí.

También hay novedades con los adaptación de vehículos a la normativa EURO V de contaminación, que entró en vigor en 2009 y resultó obligatoria en 2012. Por las matrículas, este periódico, ha podido conocer que, en Leganés, hay cinco barredoras que usa Valoriza y que cuentan con más de 15 años de antigüedad y son de gasoil. Un vehículo que sea más antiguo de 2009 difícilmente podrá cumplir esa normativa cuando no existía. Son datos nuevos como también lo es la existencia de maquinaria de otra contrata con el anagrama del ayuntamiento de Leganés en otro municipio. O por ejemplo, la víspera de Reyes se hacía público la existencia de un vehículo del Concejo de Vigo trabajando en las zonas verdes de Leganés (que se sepa no ha habido medidas) así como un camión de residuos urbanos de Urbaser con el rótulo de Leganés que se está usando en Móstoles con la matrícula 9418CVK, según apunta la concejala no adscrita, Rocío Cruz.

Conviene indicar que, por ejemplo, en Pinto, se ha sancionado en dos oportunidades a Valoriza, una el PP y otra con Ganemos Pinto, por no cumplir con los pliegos de limpieza.

Márquez mintió en sede plenaria

Este director general irregular debería de tener un perfil técnico, acorde con su puesto, pero se asemeja más a un cargo de confianza, según señalan desde algunos grupos de la Oposición. Cuenta con una titulación de graduado social, pero que no es la más indicada para las Obras, Sostenibilidad y Medioambiete, que precisarían más de un perfil de ingeniero, arquitecto… Márquez entró como cargo de confianza en 1999, fue concejal de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011 volvió, de nuevo, a cargo de confianza. Es decir, gran parte de su vida profesional en política. De su etapa política anterior a esta legislatura, podemos destacar, como hitos suyos, los carriles bicis levantados porque no se hicieron juntas de dilatación o farolas que se ponen detrás de los árboles.

Uno de los primeros, y grandes, errores de Márquez esta legislatura fue su mentira plenaria. En la Junta de San Nicasio, afirmó que “certifico lo que veo y no lo que no veo”, al tiempo que aseguraba que la obra para el pabellón Manuel Cadenas estaba ejecutada al 40 %. Esto lo dijo en septiembre cuando el plazo expiraba en octubre. Se antoja complicado hacer un 60 % del (supuesto) trabajo restante en tan sólo 30 días. Sin embargo, la realidad es que los técnicos de su misma delegación señalaron en los informes que no llegaba ni al 20 %, concretamente estaba ejecutada al 19 %. Al ser nueve meses de plazo; aproximadamente, lo ejecutable es un 12 % al mes. Si se llega al tercer mes, que debería rondar sobre el 36 %, y no está hecho ni el 10 % causa extrañeza que no se penalice a la empresa por el no cumplimiento de plazos. Y queda una más. En octubre, fue la contrata quien dijo que abanaba la obra alegando “deficiencias constructivas”.

No se pretende en este reportaje ser mal pensado, pero, ¿se dice esto cuatro días antes de vencer el plazo y no en el primer o segundo mes? ¿Se multará a la empresa en este caso? Desde que el propio Llorente firmase en el suelo del Cadenas, una forma metafórica de certificar la defunción del pabellón, poco se ha vuelto a saber. ¿Es el Cadenas otro “entierro político”, como Solagua, de Márquez? También fue él quien, de su puño y letra, firmó para que levantasen el parque infantil de Plaza Mayor, adaptado para niños con diversidad funcional. Lo que está claro es que si algo de 40 % hay es lo que llevamos consumido de legislatura y las cosas en Obras no están siendo llevadas a cabo con éxito.

Otras de las situaciones que más le achaca la Oposición a Márquez, que, a través de ULEG, LEGANEMOS, las concejalas no adscritas, Cs y PP pideron su cese, es la ausencia de información cuando se solicitan documentos pertenecientes a su delegación. ULEG ha comentado a este medio que, en agosto, pidieron ver el expediente de la adecuación el polígono de San José de Valderas. A día de hoy, no lo tienen. Claro, el plazo de ejecución de este trabajo era de cuatro meses y han tardado más de cinco. La penalización, según el pliego, es del 10 % y, en este caso, supondría un ahorro para el ayuntamiento de 50.000 euros. Sin embargo, y sin explicaciones, van a pagarles la totalidad. La opacidad es, nunca mejor dicho, muy clara.

Otras de las osadías de Márquez tiene lugar cuando vino a decir, en relación a la proliferación de roedores, que si se veían ratas por la calle era a consecuencia de un nuevo producto que estaba en uso. Esto lo dijo en la Junta de San Nicasio y, posteriormente, el alcalde aseguraba que nadie de ellos había expelido semejante frase. Al mostrarle el vídeo, el ridículo de Llorente era evidente.

Pero, también insinuó el propio Márquez a los empleados del ayuntamiento que no facilitasen el paso a concejales de otros grupos a instalaciones municipales. En declaraciones a nuevocronica.es, el concejal de ULEG, Carlos Aranzana, expresa que “el portavoz de mi grupo y yo nos presentamos donde los camiones de la basura una noche a las 21 horas, que es cuando entran los trabajadores. Queríamos hablar con ellos y saber de su situación. Esto no sentó nada bien a Márquez. Después llamamos por teléfono para indicar que habíamos hecho un ruego de recogida de basuras y que por favor lo colgasen en el tablón de anuncios para que lo viesen los trabajadores y nos dicen que había que pedir permiso a Márquez. Pues bien, lo llevé yo en mano y me comentan que la situación en la los pongo al llevar ese ruego es un poco complicada. Me comentan que habían dado instrucciones de que no pasase nadie aunque fuesen concejales. Y eso quien lo está diciendo, a cargos electos, es alguien que ha sido nombrado de manera ilegal según la Justicia, que ha competido consigo mismo, cuya titulación no se ajusta al puesto y que además no es funcionario (para su posición se requiere ser funcionario del grupo A). No cumple requisito alguno y se da el lujo de decir que un concejal de este ayuntamiento no le sea facilitado el paso. No nos lo puede cortar, otra cosa es que el trabajador no quiera hablar o no pueda atendernos en ese momento”.

Casetas de policía

Las obras de ejecución para dos casetas era de un mes y de un presupuesto de 60.000 euros (IVA incluido), aproximadamente. Al tratarse de esas cifras, estamos ante un contrato menor que no necesita ser sacado a licitación. En tabú, que se puede dar a dedo. Es una competencia que tiene el Gobierno y puede adjudicar directamente la obra o servicio (distintas cantidades) sin que haya un procedimiento de selección.

Esto se adjudicó a una empresa extremeña, que empezó el 24 de noviembre de 2014 y tendría que haber concluido en diciembre. No en vano, el acta de recepción es del 30 de junio de 2015. Está firmada por Márquez, técnicos municipales y el contratista y se da por hecho que iban a pagar todo. Hay una cláusula, en concreto la número 15, que dice que, en caso de retraso, hay sanción, que debería ejecutarse. Además, esas casetas estaban sin terminar, el proyecto decía que tenía que haber una pérgola y no estaba.

En relación con este tema, el alcalde dijo que había un informe de la interventora explicando la existencia de un intento de fraccionamiento de obra de esas casetas. La interventora, al recibir dos obras para un mismo fin, detectó esa intención de fraccionamiento. Esto es que la casetas iban por un lado y las acometidas de servicios (enganches de agua, de luz y de saneamiento) por otro camino.

Posteriormente y de manera pública, Santiago Llorente afirma que se estaba estudiando cómo solucionar el tema de los enganches y que costarían entre los 80.000 y 100.000 euros. Cifras que, por otro lado, parecen excesivas a otros grupos municipales. Pero, para mayor sorpresa, es la propia empresa quien se pone a realizar esas acometidas, que no se han pagado. ¿Una empresa va a perder 80.000 euros por las buenas? ¿De dónde han salido y cómo se han pagado esos materiales? ¿Existe alguna contrapartida?

Eso sí, en diciembre de 2016, hay un reconocimiento extrajudicial de crédito (un año después de la entrega de las casetas) y se abonará la totalidad. Le pagamos el 100 % cuando a un vecino, si se retrasa con el recibo del IBI, le metemos por vía ejecutiva y tiene que pagar una penalización del 5 %. Además, apunta Aranzana, en declaraciones a este periódico, que “a día de hoy, no nos han facilitado copia del acta de recepción de las casetas”.

Cocina del CEIP Víctor Pradera

Son 18 meses los que lleva en el cargo (actual) Márquez. Eso sí que es, aproximadamente, el 40% de la legislatura. Pues, justo son también 18 meses los que el colegio Víctor Pradera de Leganés lleva con su cocina parada. Según apuntan algunas fuentes a este medio, “podría deberse esta situación para beneficiar supuestamente a la segunda empresa”. Curiosamente, la segunda clasificada es una empresa del constructor Felipe González, dueño de una publicación y del restaurante Baco, donde Santiago Llorente ha ido a comer en varias ocasiones pagando con la VISA municipal.

No es sencillo comprender tanta tardanza en un informe, de apenas dos páginas, que clasifique las ofertas recibidas. Las ofertas se abrieron en mayo de 2015 y no se impulsaron hasta octubre de 2016. Llevan dos cursos sin cocina. Lo que se está haciendo es trasladar a los niños y niñas al centro contiguo, Rosalía de Castro.

Conviene indicar que donde se va a levantar el comedor es un espacio diáfano que se encuentra bajo un porche. Por el momento, no hay constancia de que se fabriquen aseos en el lugar, lo que ocasionaría salir de un edificio a otro para ir al baño. Esto ocurre al tiempo que el expediente no admite ningún modificado ni hacer otro proyecto. Por su parte, el Gobierno aclara que el proyecto está visado, si bien esto sólo quiere decir que ha sido depositado en el colegio de arquitectos.

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