► Un tribunal anula una plusvalía porque no se puede dejar al “arbitrio” de la Administración
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la liquidación en concepto del impuesto de plusvalía municipal efectuada por el Ayuntamiento de Getafe en una operación de compraventa de una propiedad al entender que no se puede dejar «al arbitrio del ente administrativo aplicador de dicho impuesto la determinación de los supuestos» que dan origen legal a esta obligación tributaria.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha estimado el recurso de apelación formulado por una empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid, en la que se avalaba dicha liquidación por parte del Ayuntamiento de Getafe.
La sentencia declara que la liquidación debe ser anulada, en cuanto está girada aplicando preceptos «expulsados» del ordenamiento jurídico ‘ex origine’, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial alguna.
En concreto, los magistrados efectúan un ejercicio técnico de interpretación de la jurisprudencia existente en este campo, especialmente de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017, para concluir que, tal y como establece el Alto Tribunal, no es ajustado a derecho «dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento» del valor de la propiedad.
El Constitucional insiste, y así lo recoge la sentencia de la Sala del TSJM, que la determinación del incremento o decremento del valor queda reservada al legislador y no al aplicador del impuesto, en este caso, la Administración municipal.
La sentencia dictada es susceptible de recurso de casación por parte del Ayuntamiento de Getafe, que deberá prepararse en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de su notificación.
En caso de formularse el recurso, será por tanto el Tribunal Supremo el órgano que elabore en última instancia el criterio jurídico a aplicar en todo el territorio nacional en litigios de la misma naturaleza que el expuesto.
