El viernes 13, a las dos de la tarde, estaban citados 21 de los 22 trabajadores expedientados por cobrar las ayudas sociales que establece el convenio colectivo del Ayuntamiento y de las empresas públicas con facturas falsas. Viernes a última hora de la semana lectiva y con alevosía. Nota de prensa al canto; y a otra cosa. Asunto zanjado por el Gobierno Municipal. Si nos referimos al ámbito laboral, la sentencia dictada por Lyma, el despido sin más, absolutamente ejemplarizante según el comunicado del Ayuntamiento, correspondería en ámbito penal a una sentencia de muerte. Muerte laboral y social. Fusilamiento antes del fin de semana. Solo un sector de Ahora Getafe, la vertiente ‘trotskista’ de las confluencias, ha mostrado su disconformidad con los despidos. El resto de grupos políticos y los sindicatos callan.
Nadie ha revisado la información de la nota de prensa municipal ni se ha percatado que cuando saltaron a la luz pública los hechos había 22 expedientes abiertos a trabajadores de la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente. Lo mejor [para la publicidad] es no leer las notas de prensa; solo publicarlas tal cual. Este viernes, como ha propagado rápida y eficazmente el resto de la prensa local, Lyma ha despedido a 21 trabajadores. Ningún reparo. ¿Qué pasó con el otro trabajador? No piense mal lector, no hay gato encerrado; ni sospecha de chanchullo. El número 22, o mejor dicho la número 22, pues era una trabajadora, fue despedida en solitario en los primeros días de diciembre del año pasado sin más gaitas, ni expediente ni contemplaciones. La abogada de la trabajadora ante nuestros requerimientos nos rogó que no publicáramos nada para no perjudicar la reclamación de su cliente. Y así lo hicimos. Las exclusivas no son importantes cuando un trabajador se juega el puesto y, a determinadas edades, su vida laboral y social. Exclusión y vergüenza. Barridos sin honor del ejército de limpiadores [en sentido figurado]. ¡Qué tristeza!
El Gobierno Municipal, como viene siendo habitual en la mayoría de los temas espinosos, ha mentido para salvar su responsabilidad. La nota de prensa asegura que estas prácticas se venían realizando desde el año 2013, «lamentando que el anterior equipo de gobierno no hiciera absolutamente nada, lo consintiera y presuntamente lo permitiera», cosa que rechazan desde el Partido Popular. La alcaldesa [presuntamente, también] miente. Los trabajadores admiten que estas triquiñuelas se realizan desde hace al menos doce años. Es posible que la anterior gerencia, o el gobierno, del Partido Popular no se enterase o no quisiera, pero el actual ejecutivo de Sara Hernández lleva más de año y medio al frente del Ayuntamiento y de las empresas pública y ya habían autorizado algunas ‘facturillas falsas’ en los dos ejercicios anteriores.
Al parecer, estas pequeñas corruptelas se conocieron este verano después de que la Agencia Tributaria pusiera de relieve la falsedad de las facturas de la ‘trama de las gafas’ ante la gerencia de Lyma que, visto lo visto, no se había enterado’ aunque era una cosa ‘consentida’ y conocida por todos en Lyma y en el resto del Ayuntamiento [por lo menos] desde el año 2004 en el que el Convenio Colectivo recogía esas ayudas o beneficios sociales. La realidad es más testaruda aún que la obsesión por mentir para que parezca verdad. Lo cierto es que la noticia saltó a la luz a mediados de noviembre.
Parece un castigo [demasiado] ejemplar para unos trabajadores que solo han cometido una pillería y que, tiempo al tiempo, si no aparecen más bolsas de fraude en el cobro de las ayudas sociales a los funcionarios. El despido, bajo la pretensión de ejemplarizar, solo consigue la muerte social de los afectados y la de sus familias; riesgo de exclusión laboral y social, así como dificultades con la vivienda y otros compromisos económicos. Solo por una ayuda de 600 euros al año.
Nada se sabe, ni se ha explicado, sobre las conclusiones reales de la investigación iniciada. Todo el asunto sigue rodeado del mayor misterio. De momento, los trabajadores expulsado no quieren hablar; y el Ayuntamiento ofrece una triste, antisocial y paupérrima resolución de los hechos. Después de mes y medio se intenta zanjar un caso, con responsabilidad de los nuevos responsables del Ayuntamiento y de Lyma, con una decisión ‘salomónica’ que, además de ser [posiblemente] injusta es [presuntamente] irregular —cuando menos— al ir en contra del espíritu de lo estipulado en el Convenio Colectivo. Lo bueno de los despidos, visto desde el punto de vista de los que nos gobiernan, es que hay 22 nuevos puestos de trabajo que adjudicar a sus amigos. Sin concurso de méritos ni conocimientos. Solo vale la lealtad.
Así, tras la resolución de los expedientes y el despido sumarísimo de los ‘pillos’ de Lyma, el caso presenta aún varios frentes abiertos; por una parte las reclamaciones laborales de los afectados contra una decisión que podría incumplir el convenio colectivo del propio Ayuntamiento, con el silencio cómplice de los sindicatos de clase; y por otra, las responsabilidades tributarias o penales de los trabajadores implicados. Aunque ya se sabe, en este país es más fácil ir a la cárcel porque el niño se coma un bollycao en el supermercado que por esquilmar las arcas públicas con ingeniería financiera, social, política o urbanística.
Los hechos que han suscitado la [terrible] actuación municipal se podrían catalogar, según el convenio, como una falta grave por «fraude o, incluso, hurto de bienes municipales». La tolerancia o encubrimiento de los jefes o superiores respecto de las faltas graves o muy graves cometidas por los subordinados o viceversa también es falta muy grave. Lo bueno del convenio es que a pesar de los castigos que establece para estos casos, como la suspensión de empleo y sueldo o, incluso, el despido, las faltas muy graves prescriben a los 60 días desde que se conozcan los hechos por el Ayuntamiento o, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Desde fuera, sin información —los expedientes no se han hecho públicos—, se cree que las primeras facturas falsas se detectaron en el verano, transcurriendo más de noventa días hasta la apertura de los expedientes. Parece claro. Otra cosa es que el despido sea improcedente y [todos] tengamos que pagar las indemnizaciones, aunque solo la Alcaldesa, el concejal responsable y el gerente de Lyma, queden como auténticos villanos.
Se pierde una buena oportunidad para aplicar con indulgencia el Convenio Colectivo del Ayuntamiento en un caso que no es especialmente susceptible de crear alarma social y que podría haberse solventado con alguna sanción como la suspensión de empleo y sueldo por un periodo razonable, además de la devolución de las ayudas cobradas indebidamente con los intereses que marca la ley. Se pierde una coyuntura inmejorable para implementar los aspectos didácticos que resultan de unos hechos lamentables. Era el momento de establecer algún tipo de cursillo de rehabilitación laboral, de la importancia del servicio público, del protocolo para interactuar con el vecino, bueno, en fin, póngase el títulillo que se quiera. Lo importantes es que esos cursos de formación, destinados a todos los trabajadores municipales, se pusieran en marcha para dar valor a la función pública y concienciar a los empleados municipales de la importancia social de su trabajo. Sin embargo, se ha optado por destrozar la vida de 22 familias lanzando un mensaje ‘de castigo’ a la ciudadanía, cuando ese modelo de vida ejemplar se incumple desde los responsables políticos en cada promesa fallida. No hay que ir muy lejos. La hemeroteca está pronta para recordar el amiguismo, los contratos a dedo, la falta de transparencia, el uso del coche oficial, los encargos editoriales propagandísticos pagados con fondos públicos, el sectarismo que no cesa y, así, un montón de etcéteras.
Gafas, dentista, fisio y cheque bebé
El caso de los trabajadores de Lyma ‘cazados’ con la trampa para defraudar al Ayuntamiento podría ser solo la punta del iceberg. Estas ayudas están recogidas en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento que afecta todo el personal del Consistorio, a funcionarios, personal laboral y a los empleados de las empresas municipales (Lyma, Gisa, Alef y EMSV).
Ya en el convenio colectivo firmado en el año 2004 se recogían ayudas o beneficios sociales para la adquisición de gafas o cristales para gafas graduadas, lentillas graduadas, aparatos auditivos, tratamientos odontológico, fisioterapeúticos o médico y hospitalarios no cubiertos por la Seguridad Social; tratamiento médico para minusválidos, prótesis, plantillas y botas ortopédicas y tratamiento médico-dietético para celíacos.
En el aquel año, se estipulaba una cantidad de 390,66 euros al año para esos fines particulares y que el resto de trabajadores tienen que pagar de su salario. El el año 2007, la ayuda subió hasta los 500 euros y, en el 2010, hasta los 600 euros actuales. Menuda partida de los presupuestos municipales, con la que ha caído [y sigue cayendo].
El plazo para la presentación de las solicitudes para dichas prestaciones es dos meses a partir de la fecha de expedición de la factura, «siendo un requisito imprescindible que la factura venga refrendada por un médico o especialista». Los responsables municipales, así como las actuales gerencias de las empresas municipales ya han dado el visto bueno a cientos [o miles] de ‘facturillas’ a cuenta del convenio.
Además de las partidas para la formación de los empleados municipales, el Convenio Colectivo recoge otras ayudas como las que fijan Lyma y el Ayuntamiento por separado para ayudar ‘en los estudios’.
También destaca, entre otras ayudas o ‘beneficios sociales, el cheque-bebé que reciben todos los trabajadores municipales como ayuda a la natalidad y que se fija, como una tarifa plana, en 300 euros por niño.
