Jesús Molina de la Torre en una imagen de 2014 en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe
Leganés se apresta a un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios como garantes [o no] del funcionamiento honesto del sistema democrático. Y no es nueva, ni mucho menos, la polémica ni la preocupación por el modelo de la administración en España. A un sistema generalmente corrupto, desde tiempos inmemoriales, se suma también la inevitable tendencia —nada de lo humano me es ajeno— de algunos funcionarios, habilitados para dar confianza y consistencia a la banalidad, y vigilar la proclive tentación de los políticos y advenedizos a meter la mano en el cajón del dinero público con argucias disimuladas o sin miramiento alguno, mezclarse en el latrocinio. Para arreglar el entuerto de la administración local, desde el siglo XIX, se han propuesto medidas y normas para evitar la tendencia de algunos funcionarios a sumarse a la política del dueño del cortijo, a ser parte misma del caciquismo que ha imperado y, muchas veces —a pesar del sistema democrático— sigue haciéndolo en España, en todas sus instancias, local, regional o nacional. España es un cortijo en beneficio de los caciques de siempre.
La controversia se suscita ahora por la decisión del gobierno del Ayuntamiento de Leganés, encabezado por el socialista Santiago LLorente, y apoyado por el portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, de nombrar a Jesús Molina de la Torre, como nuevo Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Leganés. Hasta ahí todo podría ser normal; apenas importa si nos parece simpático o antipático, si es un hombre equidistante o arrimado, ecuánime o partidista, que sea más o menos ágil o vago y atolondrado, incluso que sea contundente con la limpieza de la administración o se muestre laxo ante la impunidad del mangoneo organizado. Pero no; ese no es el tema.
La Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, publicaba en el BOE el pasado 10 de mayo la adjudicación «por el sistema de libre designación del puesto de Secretario General del Pleno —clase primera— del Ayuntamiento de Leganés». La plaza, cubierta hasta ahora de forma interina —y ahí empieza el fondo de la cuestión, será ocupada por Jesús Molina de la Torre, imputado en el multitudinario ‘caso Púnica’, que se instruye en la Audiencia Nacional. Llorente, Recuenco y cía se han escudado en lo irremediable, en la inexorable necesidad de otorgarle el puesto. Vulgar excusa de políticos funestos. Fue el único funcionario habilitado a nivel nacional que se presentó al concurso, dicen. Sin embargo, fácilmente, podrían haber tomado la decisión de dejar vacante el cargo al «ser un puesto de libre designación». No han querido. Quiere el gobierno municipal de Leganés un imputado rigiendo el destino, el funcionamiento y la legalidad del Pleno de Leganés, manchando gravemente la imagen del Consistorio. El nuevo secretario está imputado o, mejor dicho ahora, investigado por hechos ocurridos bajo el mandato del PP en Valdemoro. Si ya lo ha hecho anteriormente [presuntamente] —piensa el común de los mortales—, porqué no lo va a repetir… Los ciudadadanos, no el partido, todos, no merecemos que no se esa tropelía no ocurra, que no se someta nuestro patrimonio público y nuestro voto, la decisión de delegar las competencias políticas, a semejante agravio.
Y será aún peor para la imagen del consistorio leganense, por las noticias que nos esperan y que corren por las esquinas de la ciudad. El gobierno municipal de Leganés, estabilizado con el acuerdo tripartito —un secreto a voces—, entre las fuerzas contrapuestas pero coincidentes en el desvarío local, del PSOE y del PP, junto al tránsfuga de Ciudadanos y al tránsfuga de IU quieren al imputado Jesús Molina como secretario del Pleno y como algo más. Todo un ejemplo de gobierno con intereses ocultos, bastardos y que, como ha sido habitual en las últimas décadas, confluyen en los beneficios del ladrillo, en este caso en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. El ‘ladrillo’ de Leganés.
Santiago Llorente (PSOE), como hemo dicho ya, con la bendición de Recuenco (PP) —gracias, gracias, a Dios gracias— podría nombrar al ‘misacantano’ Jesús Molina de la Torre, para arbitrar el Pleno y como pasante del Consejo de Administración de EMSULE, una empresa municipal opaca e implicada en asuntos turbios y polémicos. Así tenemos un secretario en duda, manchado por el terrible pecado para un funcionario. Las investigaciones del juez apuntan a la participación del que fuera secretario de Valdemoro, epicentro de la trama púnica, «en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en el erario público y en la posible comisión de irregularidades en las adjudicaciones» a las empresas de la ‘trama Púnica’.
Asumiento la presunción de inocencia del secretario y a [casi] nadie se le debería castigar por hechos aún pendientes de sentencia, aún sin condenar al presunto corrupto, pensamos que una figura con la transcendencia que tiene en el funcionamiento de la administración local está ‘inhabilitado’ temporalmente a efectos morales para oficiar el Pleno de un ayuntamiento como el de Leganés, y como cualquier otro, o para certificar los acuerdos de una empresa con demasiados interrogantes y polémicas.
Y no son pocas, ni gordas. La esposa del primer edil es la directora administrativa de EMSULE [así cuadran siempre las cuentas, aunque sean las familiares]; la mujer del único edil de IUCM, tránsfuga de IU, y sostén del PSOE, también trabaja en EMSULE; seguro médico privado para los trabajadores [enchufados] de la empresa pública, incluidas ambas cónyuges; falta de transparencia en la gestión; rumores de una posible investigación de la Guardia Civil; brazo ejecutor de la política sectaria de Llorente en publicidad institucional; en fin, la política del ladrillo de siempre desde la óptica de la administración municipal del PSOE, sectaria, oscura y partidista.
Habremos de deducir, a lo visto de su actitud de gallito clueco que empolla sus huevos, que el portavoz del PP de Leganés ha cogido ‘cacho’ en el gallinero de EMSULE y ; de ahí su apoyo a las decisiones inexplicables del gobierno socialista. Incluso, es más que una hipótesis cierta, que PSOE y el PP hayan traído a Molina como una decisión mancomunada de los integrantes casi masónicos de la ‘conjura del Baco’, tras la digestión de buenos cachopo, un ‘carraovejas’ gran reserva y gintónics de diseño a tutiplén. Esos vividores indisimulados se dan el lujo, además de pecar con la ostentación y la soberbia, —quizás tomaron más tinto del recomendable o la mezcla surtió fatal efecto—, de hacer propaganda «de lo buen alcalde que es Llorente». Lo dicen en comidillas y cenáculos políticos, bajito, pero lo dicen. Tremendo lo del PP irredento de Leganés, atado al pesebre que le ha ofrecido el PSOE. Y como el asno de Buridán, andan sin decidir si son gobierno u oposición. Lo peor es que hay buena gente —pensamos de momento—, desinformada o desactualizada, que se lo cree [Que Llorente es buen alcalde]. Ohhh.
Aquí no pasa nada; los señalados están a punto de caminar hacia la guillotina social y, abstraídos, se lanzan a cambiar el perfil de las redes sociales, aunque sean las de carácter ‘profesional’ o laboral. Jesús Molina de la Torre, ha actualizado su trabajo en Linkedin de ‘vocal asesor en el Ayuntamiento de Getafe a Secretario General del Pleno de Leganés. Ya ha tomado posesión del cargo en las redes sociales. No tiene miedo al ‘cacao’ político, a la ‘diversidad’ y al ‘latifundismo’ que impera en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés. 84.000 euros al años dan para ser valiente unos días o semanas. Habrá que añadir, claro está, las dietas por los consejos de administración de EMSULE. Vamos que no le bajamos de los 90.000 euros, y eso con una mancha en el pantalón; de momento, una [presunta] meada…
No es una apreciación subjetiva. Él mismo debería renunciar a ejercer el cargo de Secretario con una losa de esas características sobre sus veteranas espaldas. La amenaza de una condena por corrupción acabará con el Ayuntamiento de Leganés, pero también —acabada la decencia ética y moral—, con la osadía personal que demuestra y el desprecio por las formas y las consideraciones éticas. Guárdate de los idus de marzo, que diría el agorero romano. Luego, mellados los dientes, vendrán las lágrimas de cocodrilo. No es una broma, a la vista de la ‘gürtel’, estár implicado en la ‘Púnica’, formalmente investigado junto a decenas de polítiquillos, advenedizos y funcionarios de la trama corrupta que lideraba Francisco Granados y su socio, el ‘chivato’ y constructor ‘arrepentido’, David Marjaliza.
Según el auto del juez de la Púnica, los implicados —entre los que se encuentra el nuevo secretario de Leganés— se saltaron los elementos ‘principales’ en una adjudicación pública, como la solvencia económica o las obligaciones con la seguridad social. Los distintos baremos «fueron obviados y alterados en otros casos», concluye. García Castellón no concreta los delitos, y se limita a señalar que están imputados por delitos contra la administración pública. Estupendo para un secretario…
En el año 2013, Jesús Molina de la Torre dejó el Ayuntamiento de Valdemoro y fichó por Getafe como Secretario de la Junta de Gobierno de Juan Soler. Tras la elección de Sara Hernández como alcaldesa, el 17 de julio de 2015, Jesús Molina fue cesado como Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno, quedando como ‘vocal asesor’ hasta el año 2017. Sara Hernández volvía a [enchufar] encomendar «temporalmente las funciones del puesto» a su amiga Concha Muñoz Yllera y además la premiaba con la presidencia de la Mesa de Contratación. Molina de la Torre fue ‘aparcado’ con algo menos [dos escalones] de sueldo como ‘vocal asesor’ al Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Getafe, el mismo puesto al que Soler había relegado a la amiga de Hernánez; empezó una difícil convivencia; la antigua subordinada ahora era la jefa… Parece que los funcionarios habilitados, presuntamente correctos e imparciales, también han de ser cargos de confianza. Así nos va.
Dato curioso. La ‘eterna secretaria’ del Ayuntamiento de Getafe (más de 30 años), Concepción Muñoz Yllera, fue cesada de su cargo en febrero del 2014 por Juan Soler tras conocerse su imputación en el ‘caso aparcamientos’, un ‘affaire’ archivado de forma inexplicable por la justicia tras las evidencias más que notables de irregularidades en la adjudicación a la cooperativa del marido, la madre y el padre de la entonces concejala y ahora cargo de confianza, Cristina González. Entonces el PP tomó una decisión, la única posible, para dar credibilidad a las instituciones. Cesar a la secretaria imputada. ¿Ahora, en Leganés, no se mantiene la misma coherencia? El PP es un partido que no debe jugar a la ambigüedad tras el escándalo y en consiguiente terremoto político de la sentencia sobre la ‘gürtel’. Sobran todos esos tipos codiciosos que han militado en la política buscando exclusivamente el rédito personal y el lucro económico, llegando incluso al latrocinio, a esquilmar los recursos públicos sin consideración ni límite. Es, digamos, necesaria y urgente una ley, más rigurosa y exigente, de la función pública que incluya a los cargos electos y a los funcionarios que deben velar por el correcto funcionamiento de las administraciones, evitando el saqueo y las fórmulas, la mayoría de la veces burdas orquestaciones o tramas, para robar la cosa común.
El nuevo secretario del Pleno del Ayuntamiento de Leganés debe ser cesado por las sospechas que recaen sobre él; y no están motivadas por un traspiés de secretario, en un traspapelamiento, ni siquiera por una presunta prevaricación administrativa. Está acusado de participar «en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en el erario público». Unos hechos, presuntamente claro, que le inhabilitan para el ejercicio de esa función para la que está elegido, con la anuencia y el conchabeo del PSOE, IUCM y, asómbrense el lector, del PP de Leganés. Tan solo ULEG y las ‘concejalas’ no adscritas se han mostrado en contra de la designación. El Gobierno municipal de Leganés puede dejar vacante la plaza. ¿No tienen nada que decir los dos ediles de Leganemos y el único concejal de Ciudadanos. Ya sabemos que el tránsfuga come en el mismo restaurante que los ‘conchabados’ aunque solo ‘menú del día’. ‘
¿No tienen nada que decir los partidos a nivel regional y nacional que sustentan al imputado al frente del Pleno de Leganés y, posiblemente, del Consejo de Administración de EMSULE? ¿Van a permitir, el PSOE —de Sánchez, Franco y Gabilondo—, y PP [de Pío García-Escudero, Juan Carlos Vera y Ángel Garrido] este desatino orgánico y político en Leganés, esta incongruencia. No corren buenos tiempos para la duda y las corruptelas, ni para que los estultos y majaderos corran a su antojo por el prado.
* COMENTARIO DE ESPERANZA FERNÁNDEZ
( Publicado en facebook y que añadimos por su interés)
Lo primero a considerar es que a un concurso para secretario del pleno de un ayuntamiento como Leganés solo se presente un candidato. La razón me parece clara: al utilizarse el sistema de libre designación y no el de concurso/escalafón, los posibles candidatos saben que está dado de antemano y no se toman la molestia. La libre designación de los puestos para habilitados nacionales es una de las varias lacras de nuestros ayuntamientos que han favorecido que la corrupción campe a sus anchas por los mismos. Ningún funcionario debería deber su puesto al favor de un político; es condición sine qua non de la independencia necesaria.
En el caso de los habilitados, al ocupar puestos clave de control de legalidad, esta exigencia de independencia se hace mucho más necesaria. Los puestos de habilitados nacionales se crearon (por el Estatuto municipal de Calvo Sotelo en 1924) para acabar con las prácticas caciquiles de los ayuntamientos. Los partidos que han controlado nuestro sistema político desde 1978, PP, PSOE e IU a nivel nacional, han dado al traste con una de las pocas cosas buenas previas, al consagrar la libre designación para estos puestos, no por imperativo legal sino haciendo práctica generalizada de la posibilidad que permite la ley, hábil trampa del legislador.
A Podemos y Ciudadanos no se les espera en este debate, es decir, que van a seguir igual. El caso este da titulares por la circunstancia de la imputación que, efectivamente, lo hace mucho más grave, pero el problema es más de fondo.
