► Sumando las dos parcelas del 10 por ciento del aprovechamiento municipal, la construcción y el resto de gastos de la promoción cada piso costará a los contribuyentes más 300.000 euros mientras los venden, o pretenden, a una media de 160.000 euros. El déficit real para el municipio será aproximadamente de 23 millones de euros.
Está demostrado que la EMSV no está capacitada para afrontar el problema de la vivienda en Getafe. Más inútiles había que haberlos encargado así. Ni siquiera para afrontar con un mínimo de perspectiva pública una promoción de 147 viviendas protegidas. Después de dos años, la EMSV no consigue completar la promoción, incluso copando el portal inmobiliario idealista con los 35 pisos de obra nueva más baratos del Rosón y casi de todo Getafe
Pero ese no es el problema. El consejo de administración de la Empresa Muncipal de la Viviendas ha tenido que aprobar —el pasado día 16 de junio— la licitación de las obras de construcción de las 147 viviendas en El Rosón con un presupuesto inicial de 14,6 millones de euros. La decisión llega después de un concurso fallido y de las quejas de un grupo de adjudicatarios en el portal www.change.org en el que han denunciado los retrasos injustificados y la falta de información del Ayuntamiento de Getafe en esta promoción pública. Los adjudicatarios hablan de un ‘sinfín de perjuicios’ cuando ellos han abonado puntualmente los pagos exigidos por la empresa municipal en concepto de reserva de la concesión.
Estas promociones de la EMSV en el Rosón son dos proyectos, de 60 y 87 viviendas, que puso en marcha el anterior ejecutivo liderado por el popular Juan Soler. Las viviendas se adjudicaron unas semanas antes de los últimos comicios municipales, en marzo de 2015, en un sorteo en el que participaron las 356 solicitudes que optaban. En noviembre de 2016, el nuevo gobierno PSOE-IUCM concedió la licencia de obras a las dos promociones y sacó a concurso las obras del edificio más pequeño por 7,2 millones de euros.
Esa licitación inicial se saldó con una chapuza que rozaba el [presunto] amaño y prevaricación por su proceder‘ilícito’ al evaluar las ofertas económicas de las empresas que se habían presentado antes de realizar la puntuación de las propuestas técnicas, contraviniendo así el artículo 150 y siguientes de la Ley de Contratos del Estado. El Ayuntamiento emitió un informe técnico recomendando la repetición del concurso. Ante la evidencia, la EMSV dio marcha atrás. Otra prueba de su incapacidad y negligencia.
El protagonista de esa chapuza es el gerente de la EMSV, Ángel Antonio Fernández Andrés, otro ‘listo de confianza’ de la alcaldesa proveniente de la empresa privada. A finales de marzo, este medio ya denunció que Fernández mantiene su condición de socio y de apoderado en la empresa Vialegis Duthil SLP, un despacho de abogados que defiende intereses inmobiliarios de numerosas empresas, un claro ejemplo de incompatibilidad entre la gestión pública y los intereses privados.
Ahora, tras sacar a concurso las dos obras, el Ayuntamiento prevé cuatro meses de plazo para la licitación más 18 meses para la ejecución de los trabajos desde el acta de replanteo, eso sin imprevistos en la cimentación o en el desarrollo de los trabajos. En el sector se da por seguros los retrasos ante los problemas que está planteando el ‘renacimiento’ de la construcción y la falta de las necesarios subcontratas arrasadas durante la crisis.
Pantallazo de Idealista con algunas de las viviendas de la EMSV a la venta
La licitación de las obras se ha realizado a pesar de que la promoción, tras más de dos años y unos precios de auténtico saldo, se encuentra sin completar. Según los datos que aparecen en Idealista, la EMSV dispone ahí de 35 viviendas por adjudicar, todas de 2 dormitorios, con precios que van desde los 119.928 a los 180.258 euros; son los 35 pisos de obra nueva más baratos que se venden actualmente en Getafe.
Los dos edificios se han proyectado sobre el suelo correspondiente al 10 por ciento de aprovechamiento que tuvo que devolver la Junta de Compensación al Ayuntamiento tras una denuncia de un particular. La sentencia confirmó la ilegalidad de la decisión del Pleno del Ayuntamiento de vender a los promotores el aprovechamiento por 28 millones de euros; ese es el precio de los terrenos destinados a vivienda libre aunque el anterior gobierno municipal las valoró en 7,2 millones para poder traspasarlas a la EMSV y destinarlas a Viviendas Protegidas de Precio Limitado (VPPL). Si sumamos el valor real del suelo, la construcción, más otro diez por ciento de gastos relacionados con los proyectos, licencias, acometidas, dirección facultativa, etc..,, el coste para los contribuyentes de Getafe por este dispendio ascenderá aproximadamente a 46 millones de euros, que entre las 147 viviendas supone una repercusión de más de 300.000 euros por vivienda. Que el lector valore si es función del Ayuntamiento, si es sensato, si se puede catalogar de buena gestión, hacer pisos con un gasto de 300.000 euros y venderlos por 150.000. Menudo negocio y, piense el lector que no es un promotor que se juega su dinero, sino que se hace con los riñones fiscales de todos los getafenses.
Al margen de los condicionantes económicos, estas promociones están ubicadas realmente en uno de los peores sitios de Getafe con una distancia de 50 metros a la carretera de Toledo y a solo 8 metros de distancia de uno de los puentes que comunican el centro urbano con el barrio del Bercial. La ridícula separación acústica del desarrollo urbanístico del Rosón, en contraste evidente con el caballón de tierra y árboles, será motivo de queja de los futuros residentes. Y, a falta de previsión y medidas definitivas abrá que exigir a la Comunidad que ponga las pantallas de plástico más altas. Getafe se ve, al paso por la A-42 como dos zonas diametralmente opuestas. Una con árboles y otra con plásticos pintarrajeados por sucios y lamentables grafitis.
El mayor atractivo, y quizás uno de los grandes inconvenientes en el devenir de los nuevos edificios, —además del ruido— son las piscinas situadas en la cubierta. Grietas, vibraciones, gastos de comunidad o problemas de convivencia derivados del uso de las zonas comunes y de los ascensores. Además, la distribución de las viviendas es penosa… Solo nos resta conceder una medalla a los arquitectos [y otra a la EMSV]; lo que no sabemos es de qué.
