Por fin se escucha a uno de los sindicatos en el lío de los 25 despidos de Lyma Getafe. De la UGT no se sabe nada. A mediados de enero, era 22 los trabajadores despedidos por el caso de las facturas falsas para cobrar las ayudas sociales que establece el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Getafe. Es los últimos días se ha conocido que a la primera y segunda tanda, uno más veintiuno, se han sumado otros tres nuevos casos, siendo ya 25 los trabajadores despedidos de manera ‘sumarísima’.
Hoy se ha hecho pública una dura nota de prensa de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Getafe en la que asegura que la gerencia de la empresa pública de limpiezas, y por tanto el Gobierno Municipal como último responsable, ha tramitado los expedientes «sin dar plenas garantías de defensa a los afectados e impidiendo a CCOO ejercer su labor de asesoramiento y representación».
Según el artículo 49 del Convenio Colectivo vigente en LYMA, —aseguran desde la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Getafe—, el procedimiento sancionador establecido para las empleadas y empleados de esta empresa pública es el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. En el Título II de este Reglamento se establecen al menos tres momentos en los que se debe dar audiencia a los interesados para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas y aportar los documentos de interés que puedan servir para su mejor defensa y sean tenidos en cuenta para, en su caso, graduar la posible sanción.
CCOO asegura que «en la instrucción llevada a cabo en los expedientes de LYMA, cuyo resultado ha sido el despido de 25 trabajadoras y trabajadores, solo se dio una única oportunidad para que pudieran defenderse. Se les dio plazo para contestar al pliego de cargos pero ni se dio vista del expediente a los inculpados una vez cumplimentadas las diligencias, trámite que se debió realizar conforme al artículo 41 del Régimen Sancionador, ni se notificó la propuesta de resolución (artículo 43) para que, en ambos casos, pudieran presentar alegaciones y los documentos convenientes para defenderse. Esta falta de garantías del procedimiento perjudicó a los afectados e impidió a CCOO ejercer adecuadamente sus funciones de asesoramiento y representación».
CCOO, tras aseverar que se puso a disposición de todas las personas afectadas una vez tuvo conocimiento de la incoación de los expedientes, ha podido constatar que «muchas faltas podrían haber prescrito. Y que tampoco se tuvo en cuenta el principio básico de proporcionalidad. A todas las personas se les impuso la misma y máxima sanción, el despido, cuando también cabía la suspensión de empleo y sueldo, sin considerar las circunstancias personales, la cuantía de lo presuntamente defraudado, la reincidencia, la intencionalidad…»
Comisiones ha tenido duras palabras para el Gobierno Municipal «que avala todos los despidos de Lyma» tras acusar a la gerencia de Lyma de irregularidades en la tramitación de los expedientes. CCOO considera que «no se dieron garantías suficientes de defensa a los afectados y se nos impidió ejercer nuestra labor de representación y se impuso una sanción desproporcionada en todos los casos sin tener en cuenta circunstancias atenuantes para graduar la sanción».
La nota de prensa de Comisiones Obreras termina con una consideración sobre el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Getafe: «las faltas siempre se juzgarán con carácter correctivo y no represivo. Con los despidos —zanja la sección sindical— han incumplido este principio. No han dado ninguna opción».
En los últimos días se ha conocidotambién que el Gobierno Municipal ha empezado a realizar contrataciones —se habla de 40 nuevos trabajadores—a través de la empresa pública Alef que de momento empezarían con un contrato temporal. La rumorología, esa ciencia que advierte del agua cierta ‘cuando el río suena’, ha empezado a asignar la filiación política y el futuro de lealtad que deberán demostrar los nuevos operarios de la limpieza para perpetuarse en la empresa pública. Recientemente una vecina denunciaba los ‘trapicheos’ de la Alef y del Sepes en la contratación de 136 trabajadores municipales.
