♦ Comida en el restaurante Aderezo entre el Juez instructor del Caso Teatro, Javier Achaerandio, y los exalcaldes Jesús Prieto y Pedro Castro.
Que la Justicia es un cachondeo, frase mítica del exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha dejado de ser un exabrupto para convertirse en el pan nuestro de cada día. A los devaneos e incongruencias del Tribunal Supremo, sus propias contradicciones en sentencias que ‘crean jurisprudencia’ se suman numerosas decisiones que hacen decaer la fe en la independencia de jueces y fiscales, y remarca la idea de su sometimiento y supeditación a los poderes políticos de turno. Uno de esos casos, con escándalo policial, mediático y político entre las filas socialistas de Getafe, es el denominado caso Teatro.
María del Mar Fernández Romo, la Fiscal ‘sustituta’ del Caso Teatro que instruye el ‘lentísimo’ Juez Decano Javier Achaerandio, firmó [en representación de la Fiscalía] la imputación de 33 investigados una semana después de cesar en su función, cuando ya había tomado posesión del cargo un nuevo Fiscal titular. Fernández Romo es ‘abogada fiscal sustituta’ de la Comunidad de Madriud desde el año 2008, una suplente convocada eventualmente [por años judiciales] para cubrir la carencia de fiscales de carrera sin haber aprobado la oposición para dicho empleo.
♦ María del Mar Fernández Romo solicitó en julio de 2018 [como fiscal ‘sustituto’ de Getafe-Leganés], participar en la convocatoria de una plaza de magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El 2 de agosto, apenas 20 días después, firmó la acusación del Caso Teatro, una semana después de cesar en el cargo.
El ‘desliz’ de la sustituta —aunque ellas misma se autotitula ‘sustituto’— se ha conocido ahora gracias a un escrito del nuevo Fiscal titular, fechado en octubre de este año, que aclara que el documento firmado por María del Mar Fernández Romo es de fecha 2 de agosto, “una semana después de la toma de posesión del Fiscal que suscribe el presente informe”. Bien parece una [presunta, no nos vayamos a pasar] usurpación de las funciones de la Fiscal, claramente detallada con la fecha de caducidad.
Teniendo en cuenta que la instrucción de este casolleva más de tres años en marcha, como también subraya el nuevo fiscal a cargo del asunto, en los que fue secreta durante casi un año, es llamativo que la ‘abogada fiscal sustituta’ decidiera iniciar el procedimiento de acusación contra 33 políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Getafe justo en esos momentos.
♦ Sara Hernandez decidió indemnizar a Alberto Ganga con 60.000 euros por 29 días de trabajo en GISA (sin superar el periodo de prueba). Ganga ejerce la acusación popular en representación de Roberto Benítez, en el Caso Teatro contra ediles del PP, cargos de confianza y funcionarios del Ayuntamiento. Blanco y en botella
Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada
Como en la canción de La Lupe. El caso Teatro se originó, tras la victoria de Juan Soler en los comicios municipales de 2011, por la denuncia de Roberto Benítez, cargo de confianza del anterior alcalde socialista, Pedro Castro, presidente de ANUBER, candidato [malogrado] a las primarias de Ahora Getafe en 2015 y actual candidato del partido independiente Impulsa Getafe. La acusación particular está en manos del letrado Alberto Ganga, implicado en embrollos laborales y personales en la empresa municipal GISA, donde trabajó menos de un mes sin superar el periodo de prueba y donde su mujer es, además de trabajadora, delegada de CCOO. Todo un círculo de intereses, odios y ambiciones.
El Teatro de la calle Madrid era, al igual que la remodelación del antiguo Mercado municipal una de las promesas estrella de Juan Soler en su programa electoral. Se trataba de convertir el antiguo Centro Municipal de Cultura en un moderno Centro Europeo de Producción de Artes Escénicas y Audiovisuales, una idea que se quedó en eso, en una idea fracasada, en un embrollo jurídico y unas obras paralizadas por la actual alcaldesa durante más de tres años con cuantiosos gastos a cargo de las arcas públicas.
Precisamente, la intención de cumplir la promesa electoral hizo que se agilizaran trámites encargando la gestión de la demolición y el proyecto arquitectónico a la empresa municipal Getafe Iniciativas SA (GISA). Es en esta tramitación en la que se basa la denuncia del llamado ‘Caso Teatro’
Lo que está en litigio jurídico no es la construcción del centro ni la adjudicación de las obras —paralizadas de forma vergonzante desde que Sara Hernández accedió a la alcaldía—, sino los trabajos de demolición del antiguo edificio y el proyecto arquitectónico, por un monto de 72.448 euros. Hay que advertir al lector, en aras a una mejor comprensión y precisión que no se juzga el monto económico sino la tramitación administrativa. No existe lucro personal, ni financiación ‘malvada’ o irregular.
En aras a la agilidad, los gestores de la empresa municipal optaron por procedimientos negociados sin publicidad, en lugar de concursos abiertos. En todo caso se trataría de un caso de prevaricación administrativa, como hemos precisado, sin ningun nexo con la corrupción económica. Entre los encausados hay responsables políticos del Partido Popular, pero sobre todo funcionarios del Ayuntamiento de Getafe.
Se ha tratado de una instrucción bastante trabada y sorprendentemente aparatosa, teniendo en cuenta que el litigio lo origina un simple contrato de 72.448 euros que había sido visado por la interventora habilitada del Ayuntamiento.
La adjudicación de esos 72.448 euros han producido 45 investigados (lo que antes eran imputados) y actuaciones muy vistosas, como la detención de 11 personas, intervenciones telefónicas, seguimientos policiales, incautación de ordenadores, dispositivos electrónicos y documentación, entre otros.
Desde el PP se ve un claro ánimo político en esta instrucción, no solo porque el denunciante fuera una persona cercana al PSOE, sino por ciertos hechos que han sucedido en el transcurso de la instrucción del caso. De hecho, el Caso Teatro se ha unido por un cordón umbilical ‘económico’ con el Caso Ganga, en que la Alcaldesa ordenó indemnizar al abogado de la acusación con 60.000 euros tras menos de un mes de trabajo y no superar el periodo de prueba como letrado de GISA. Desde el PP se ha relacionado este pago irregular con la financiación de los demandantes.
La degradación de la vida judicial, incluso policial, téngase la conversación entre el excomisario Villarejo, la actual ministra de Justicia, Delgado y [su amante] el exjuez Garzón como un ejemplo vituperable, se refleja también en el Caso Teatro. Uno de los detenidos —cargo de confianza en Urbanismo del Gobierno de Juan Soler—, denunció que uno de los policías que acudió a detenerlo en una tienda de moda en Madrid donde trabajaba cuando se iniciaron las actuaciones llevaba una camiseta claramente ofensiva con la leyenda: “A cada cerdo le llega su sanmartín”. Así nos va con la policía y con los jueces. Contubernio y corrupción; todo por la pasta, el poder y la venganza.
Durante los tres años de instrucción —un tercio de ese tiempo de ‘instrucción secreta’—, se han producido hechos irregulares de una cierta gravedad procesal y policial. El exalcalde Juan Soler, diputado regional de la Asamblea de Madrid y Senador ha sido objeto de seguimientos policiales y escuchas sin suplicatorio ni traslado alguno de la causa al tribunal competente.
Ahora, además de la prolongación inexcusable [a no ser por la carga de trabajo que aqueja al Juez decano] y de las sospechas de confabulación entre los máximo sresponsables del socialismo getafense y la acusación, se conoce otra situación absolutamente irregular e inexplicable como el escrito firmado por una Fiscal sustituta, una semana después de ser relevada. ¿Cómo se llama la falta? ¿O, tal vez, es un [presunto] delito? María del Mar Fernández Romo, la ‘sustituta’ que solicita [sin autoridad en ese momento] el procesamiento de 33 personas, no es fiscal de carrera ni oposición. Los ‘abogados fiscales sustitutos’ es una figura que ha creado la Administración de Justicia para paliar la carencia de personal de carrera. Se trata de abogados que no han aprobado la oposición y que ejercen el cargo provisionalmente.
♦ Javier Achaerandio y Sara Hernández en dos apariciones; una institucional y otra privada. En la segunda, incluso, el juez la abraza por detrás en un gesto de proximidad
El extraño caso del Juez Decano, Javier Achaerandio
♦ Javier Achaerandio recibiendo un premio del periódico Getafe Capital, propiedad [en aquel momento] del exalcalde Jesús Prieto
Visto con la perspectiva del tiempo transcurrido, pocas cosan han sido normales en la tramitación del Caso Teatro. El juez encargado del caso, Francisco Javier Achaerandio, decano de los juzgados de Getafe, ha alargado el proceso hasta agotar prácticamente la legislatura [por una adjudicación de 72.000 euros] en un intento [soterrado pero evidente] de mantener a raya al exalcalde, diputado regional y Senador Juan Soler, y a los ediles del PP, cargos de confianza y funcionarios del Ayuntamiento incluidos en la denuncia.
Además de no ser el primer juicio que se le va de la mano en el tiempo, incumpliendo los plazos legales, como él mismo reconocía en una reciente sentencia sobre el Campo de Golf de Perales debido al ‘excesivo trabajo’, la actuación de Javier Achaerandio está plagada de dudas razonables. Destaca, en la misma proporción que su animadversión por Juan Soler y el PP, su pública amistad con los exalcaldes Jesús Prieto y Pedro Castro, así como sus excelentes relaciones con la actual alcaldesa socialista Sara Hernández. ¿Quién no vería irregularidades, motivo de recusación o simple incompatibilidad por enemistad manifiesta en la instrucción del caso contra el político que derrotó por primera vez al ‘régimen socialista’ de Getafe?
Esa relación, pública y notoria en los corrillos y ambientes políticos del municipio, se ha hecho palpable con la fotografía superior tomada en el restaurante Aderezo (C/. Comandante Ernesto ‘Che’ Guevara) en la que aparece el Juez comiendo con los dos exalcaldes citados. ¿A quién se le ocurre almorzar ahí al poco de ‘impulsar’ el Caso Teatro con tan grata [pero peligrosa] compañía? Al efecto, con tanto móvil dotado de cámara de fotos, fueron inmortalizados en pleno contubernio amistoso.
La causa fue inicialmente archivada a petición de la fiscal que inició el caso, María Belén Fernández-Trapote. Esa primera intentona de inculpar al Gobierno del PP tenía como base una denuncia inicial de un concejal socialista, José Manuel Vázquez. Posteriormente la denuncia de Vázquez fue retomada por Benítez y entonces sí encontró respaldo en Achaerandio.
Fuentes jurídicas consultadas por Crónica de Getafe han puesto en duda la instrucción del caso asegurando que «algunas instancias superiores ponen en duda la objetividad del juez instructor y de la ‘fiscal sustituta’ ». Incluso, algunos inculpados, aseguran que se han transgredido sus derechos, asegurando que el juez y la fiscal han actuado por enemistad. «Si insiste en su ánimo de venganza, es posible que [Achaerandio] vaya a su propio precipicio». Desde Crónica no hemos podido confirmar si desde alguna de las partes inculpadas se promoverá algún tipo de acción contra los autores de la instrucción o, incluso, la recusación del Juez. Lo de la Fiscal está claro; lo que desconocemos, valga nuestra ignorancia jurídica y nuestro escaso don para la profecía, es si el informe a destiempo [y malintencionado] de la ‘fiscal sustituta’ cesante podría alterar la instrucción del proceso. Tiempo al tiempo.
