Nadie [en Getafe] quiere valorar [de momento] la decisión de Pedro Sánchez y su gobierno en funciones de ‘derribar’ la pretensión de Airbús de gestionar la parte española del nuevo Avión de Combate Europeo (FCAS), un proyecto de Francia y Alemania al que se se sumó España como tercer socio en igualdad de condiciones. El Gobierno socialista ha elegido a la empresa Indra como ‘Coordinador Nacional’ del aparato con el que se pretende sustituir al Eurofighter y que quiere ser el nuevo emblema del sistema defensivo europeo. Se ignoran las razones del gobierno socialista, pero la decisión ha sentado muy mal en Airbús que confiaba en ser la ‘coordinadora’ de un proyecto con una inversión total previsto de más de 100.000 millones de euros. «Estamos sorprendidos», afirma la empresa en un comunicado difundido a nivel interno. Airbús lamenta que, «a pesar de su probado historial, no haya podido ganarse la confianza del Ministerio de Defensa español para administrar este programa en el mejor interés de España».
Desde Airbús España se duda de la capacidad de Indra para gestionar el proyecto del FCAS y aseguran que solo Airbús es capaz de desarrollar el avión y ‘la nube de combate’. Y se lamentan: «Décadas de crecimiento e inversión de Airbus en la industria, la tecnología y la cadena de suministro españolas se verán socavadas por esta decisión». El nuevo avión de combate europeo iniciará sus demostraciones y presentaciones de productos entre 2020 y 2030, con el objetivo de empezar a volar en 2040. Garantizará cerca de 20 años de trabajo a la industria aeronáutica española.
Según la prensa especializada, el FCAS supondrá para Indra una fuente de contratos a largo plazo, ingresos recurrentes y márgenes más elevados. Su división de Transporte y Defensa facturó en 2018 casi 1.200 millones de euros, frente a los 3.104 millones del total. La empresa ha intentado adquirir a Rolls-Royce sin éxito el fabricante español de motores ITP.
A la decisión de adjudicar el negocio a INDRA hay que sumar los problemas que Airbús ha tenido con el modelo A-380. En términos domésticos, la estabilidad laboral y económica de Getafe ha dependido durante décadas, en gran parte, del empleo en Construcciones Aeronáuticas y, ahora, de la moderna factoría de Airbús, ese coloso con los pies [políticos] de barro que ha querido ser la enseña en el aire del poderío económico de Europa. Esa tradicional dependencia económica y social hace que a la más pequeña turbulencia, en Getafe salten las alarmas laborales. Y se empiezan a conocer los primeros síntomas del resfriado; alguna de las subcontratas que trabajan para Airbús han emprendido el camino de los EREs y de la reducción de empleo. El grupo emplea en España a cerca de 12.700 personas a través de todas sus divisiones, tanto de aviones comerciales, como militares, helicópteros y actividades espaciales, según los datos oficiales de la compañía, de los cuales casi 6.000 están destinados en la planta de Getafe. A este contigente humano hay que sumar otras 4.000 trabajadores indirectos empleados en las empresas subsidiarias.
Se puede constatar, casi palpar, que la preocupación de los trabajadores, sindicatos, pensionistas de Airbus es de una envergadura considerable. El Grupo municipal de Podemos Getafe ha pedido a la alcaldesa que solicite una reunión con Airbús España para conocer de primera mano las repercusiones económicas y laborales de la decisión del Gobierno en funciones. También le ha pedido que lidere, con el resto de grupos políticos, «una cuestión que afecta a todos como ciudad».
La débil posición política de la alcaldesa socialista y su inhibición en los grandes problemas de Getafe hace difícil pensar que se posicione con firmeza del lado de los trabajadores de Getafe y en contra de la decisión del gobierno socialista. Suele ser una consecuencia evidente de anteponer los intereses personales y partidistas por delante de los generales.
