El Tribunal Supremo ha vuelto a ordenar al Gobierno que revise y abone cuanto antes las compensaciones por las autopistas de peaje rescatadas. La Sala acepta parte del recurso de Sacyr y considera que el cálculo oficial no puede quedar tal cual.
Supremo insta a recalcular las indemnizaciones y pagar sin demora
En su reciente sentencia, el Alto Tribunal anula el acuerdo complementario aprobado por el Ejecutivo en diciembre de 2023. Ese acuerdo fijaba una cifra de 570 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración. El fallo obliga a volver a calcular la cuantía y a efectuar el pago «sin más demora».
La Sala entiende que el método anterior no se ajustó al marco jurídico. Por eso exige una nueva liquidación según los criterios marcados por la judicatura.
Demoras que superan los diez años y la crítica judicial
El Supremo recrimina al Gobierno la prolongación del procedimiento administrativo. El litigio arrastra más de una década desde la quiebra de las concesionarias.
Según la resolución, la demora resulta desproporcionada y no justifica que la liquidación definitiva siga pendiente. La sentencia subraya que la extinción de las concesiones hace imposible aceptar nuevos aplazamientos.
Origen del rescate: radiales del boom inmobiliario
Las infraestructuras afectadas pertenecen al grupo de peajes promovidos en los años de expansión económica. Fueron impulsadas en la etapa del Gobierno de José María Aznar.
El desplome del tráfico tras la crisis financiera dejó sin viabilidad estas concesiones. La imposibilidad de cumplir los ingresos previstos provocó la declaración de concurso de las sociedades concesionarias.
Datos clave sobre las vías R-3 y R-5
- Adjudicación: 1999 a un consorcio con ACS, OHLA, Sacyr y FCC.
- Explotación: inicio en 2004.
- Concursos: la concesionaria entró en concurso de acreedores en 2012.
- Actual gestión: las vías están ahora bajo la sociedad pública SEITT.
Quiere recurrir Sacyr: legitimidad y alcance del recurso
El Supremo reconoce que, aunque las indemnizaciones no se paguen directamente a la constructora, Sacyr mantiene interés legítimo para impugnar el cálculo. La sentencia aclara que el objetivo no es reclamar la deuda financiera original.
En su lugar, el proceso busca determinar con corrección la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del rescate.
Esta línea jurisprudencial abre la puerta a que otras constructoras que participaron en las concesiones puedan seguir presentando recursos, cuando consideren que las liquidaciones no respetan la ley.
Impacto económico: lo ya pagado y lo pendiente
El rescate de las autopistas ha supuesto un coste importante para las cuentas públicas. A la espera de nuevas revisiones, la factura oficial ya suma miles de millones.
- Importe desembolsado: 1.684 millones de euros por distintas concesiones rescatadas.
- Indemnizaciones ya reconocidas:
- A-36: 319 millones de euros.
- AP-7 Alicante: 307 millones de euros.
- AP-7 Cartagena-Vera: 278 millones de euros.
- R-4: 134 millones de euros.
- M-12: 46 millones de euros.
- A-41: 41 millones de euros.
- R-2: por ahora figura con coste provisional de cero euros.
La nueva resolución del Supremo podría elevar esa cifra final. La cantidad pendiente dependerá del resultado del nuevo cálculo y de los recursos que se presenten.
Actores que reclaman: acreedores, fondos y constructoras
Tras la quiebra, la deuda financiera pasó a manos de fondos y entidades externas. Entre ellos figura TDA, así como sociedades como Bothar y Kommunalkredit.
Esas entidades se consolidaron como principales interesados en el cobro de las indemnizaciones. Al mismo tiempo, las constructoras originales mantienen derechos para impugnar liquidaciones que consideren incorrectas.
Consecuencias para el Gobierno y el proceso administrativo
La sentencia vuelve a ejercer presión sobre el Ejecutivo para cerrar un expediente que acumula años de tramitación. El fallo judicial marca plazos y criterios para la revisión que debe realizar la Administración.
El Tribunal Supremo insiste en que la prolongación del procedimiento no puede justificar indefinidamente la falta de pago ni la ausencia de una cifra final.
Qué puede pasar a continuación
- La Administración deberá recalcular las indemnizaciones con arreglo a los criterios fijados por la Sala.
- Se espera que nuevas cifras den lugar a más recursos por parte de interesados.
- Los plazos marcados por la sentencia podrían acelerar los pagos pendientes.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.
