Los empleados públicos afrontan una nueva fase de negociación salarial tras la última propuesta del Ministerio. La oferta que eleva el incremento hasta el 11 % en el horizonte 2025-2028 abre un debate intenso sobre el calendario de subidas, la recuperación del poder adquisitivo y la representación sindical en la mesa de diálogo.
Detalles de la propuesta del Ministerio: 11 % acumulado con condiciones
El Ejecutivo ha planteado una subida acumulada del 11 % para el periodo 2025-2028 destinada a los más de 3,5 millones de funcionarios. No obstante, el aumento no sería homogéneo.
- Se propone un tope del 4 % acumulado para 2025 y 2026.
- El mayor peso de la subida se reservaría para 2027 y 2028.
- Para 2025, el Gobierno plantea aprobar un decreto ley con una subida retroactiva del 2,5 % desde el 1 de enero.
El planteamiento busca repartir el esfuerzo presupuestario a lo largo de la legislatura. Los sindicatos critican que esa distribución puede diluir la mejora real frente a la inflación.
Plataforma sindical: quiénes la componen y qué reclaman
Una plataforma sindical independiente agrupa a varias organizaciones que representan a colectivos clave del sector público. Reclaman participación activa en la negociación.
- ANPE (profesores).
- SATSE (enfermería) y otras federaciones sanitarias.
- Cuerpos policiales y de prisiones: SPP, SUP, UFP.
- Sindicatos de la Agencia Tributaria y administración: APFP, FEDECA.
- Representantes de enseñanzas y personal administrativo: USIE, USO, TAMPM.
Estos colectivos sostienen que representan a cientos de miles de trabajadores esenciales. Exigen ser convocados de inmediato y piden medidas que vayan más allá de una mera subida porcentual.
Reacciones en el movimiento sindical: adhesiones y reparos
Las respuestas entre centrales han sido dispares. Solo una organización ha aceptado la oferta tal como está planteada; otras piden cambios urgentes.
UGT: aceptación con matices
UGT ha dado su visto bueno a la propuesta del 11 %. Sostiene que, con el ajuste de tablas, la mejora podría quedar en torno al 11,5 % “real”. Además, considera clave que en 2027 se aplique un incremento fijo del 5 %.
CSIF y demás sindicatos: rechazo y advertencia
CSIF y otras organizaciones han rechazado la oferta. Subrayan que el límite del 4 % en los dos primeros años no asegura la recuperación del poder adquisitivo. Amenazan con convocar movilizaciones si el reparto no cambia.
CCOO mantiene la decisión pendiente. Su dirección en el sector público advierte que el reparto temporal es un obstáculo para recuperar salarios frente a la inflación.
Cuestiones conflictivas sobre la mesa
Más allá del porcentaje total, existen varios puntos que alimentan la discordia en la negociación. Estos asuntos condicionan la aceptación o rechazo por parte de las centrales.
- Distribución temporal: el reparto del 11 % en cuatro años y el tope del 4 % en 2025-2026.
- Retroactividad: la propuesta de un 2,5 % retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
- Revisión automática: solicitud de mecanismos ligados al IPC para evitar pérdida de poder adquisitivo.
- Indemnizaciones: actualización de dietas y complementos, congeladas en muchos casos desde hace décadas.
- Desigualdades internas: medidas para reducir brechas salariales entre cuerpos y administraciones.
Las organizaciones recuerdan que ciertas indemnizaciones llevan congeladas por más de 20 años y exigen su actualización urgente.
Plazos, movilizaciones y pasos siguientes en la negociación
El calendario aún no está cerrado. La plataforma sindical reclama convocatoria inmediata y advierte de movilizaciones si no participa.
- Si no hay llamada formal, los sindicatos anuncian posibles acciones desde enero de 2026.
- La mesa de negociación seguirá celebrando reuniones para intentar cerrar un acuerdo.
- Las organizaciones piden cláusulas de revisión que activen subidas según la evolución del IPC.
ANPE ha dejado claro que, además de exigir presencia en la mesa, demandará que la referencia del 11 % se concentre en los próximos dos años. Argumenta que comprometer aumentos hasta 2028 carece de base si la legislatura termina en 2027.
Demandas concretas que plantean los representantes públicos
Los sindicatos han registrado una batería de propuestas que buscan asegurar una mejora efectiva y estable. Entre las más repetidas aparecen:
- Mecanismos de revisión automática vinculados al IPC.
- Actualización de dietas y retribuciones en el extranjero.
- Mejoras en carrera profesional y promoción interna.
- Medidas de conciliación y compensaciones por trabajos en condiciones especiales.
- Reparto más inmediato del incremento salarial para recuperar poder adquisitivo.
Exigen también transparencia en los cálculos y garantías legales sobre la ejecución de los incrementos.
Implicaciones políticas y presupuestarias
El planteamiento ministerial busca compatibilizar la mejora salarial con las limitaciones fiscales. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de seguridad jurídica para tramos que se sitúan más allá de la actual legislatura.
Los sindicatos cuestionan la viabilidad de comprometer subidas hasta 2028 sin un respaldo claro en el presupuesto plurianual. Piden que el Gobierno detalle cómo se financiarán los tramos más altos en 2027 y 2028.
Próximas citas y situación abierta
La negociación continúa con reuniones pendientes entre la Administración y las centrales. La plataforma insiste en que su presencia en la mesa es imprescindible y en que cualquier acuerdo debe incluir mecanismos de protección frente a la inflación.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.
