El debate sobre los salarios en la Administración pública vuelve a escena tras una oferta del Gobierno que ha encendido el malestar sindical. La propuesta, su acogida y las próximas citas en la mesa de negociación marcan ahora la agenda laboral para los más de tres millones de empleados públicos.
Detalles de la oferta: 10% en el horizonte 2025-2028 y límites legales
El Ministerio de Función Pública planteó a CCOO, UGT y CSIF una subida salarial total del 10% para el periodo 2025-2028. Esa alza se distribuiría a lo largo de los cuatro años, pero con una condición clave: no superar el 4% en 2025 y 2026 para ajustarse al techo de gasto.
El resto del incremento, 6%, quedaría pendiente para 2027 y 2028. Fuentes del sector apuntan que el Ejecutivo propondría concentrar mayor parte de esa cantidad en 2027, por la evolución prevista de los precios.
Respuesta de los sindicatos: críticas, cifras y movilizaciones
Las tres grandes centrales han rechazado la oferta y la han calificado de insuficiente. El rechazo ha obligado a Función Pública a citar a los sindicatos de nuevo este jueves, 20 de noviembre, al mediodía.
- CSIF: considera que la propuesta no compensa la subida de precios. Señala que la inflación interanual hasta octubre alcanzó el 3,1%.
- CCOO: la tacha de insulto y advierte con la posibilidad de retomar una huelga general en diciembre si no hay una oferta justa.
- UGT: exige que el acuerdo garantice el poder adquisitivo y avisó que la cifra ofrecida complica la negociación.
CSIF subraya que los salarios públicos se han depreciado desde 2022 y, sobre todo, desde los recortes de 2010. Por eso reclama una mejora clara de la propuesta y anuncia que seguirá negociando por responsabilidad.
Reclamación por la pérdida de poder adquisitivo
Los sindicatos insisten en que la oferta provocaría una pérdida real de renta en los dos primeros años. Según sus cálculos:
- Desde 2022, los salarios públicos habrían perdido alrededor de un 8%.
- Desde 2010, la caída acumulada se aproximaría al 20%.
Posición de CCOO: aviso de movilizaciones
CCOO ha mostrado una postura muy crítica. Afirman que el Gobierno presume de un crecimiento económico que no se traslada a la retribución pública.
El sindicato exige recuperar poder adquisitivo y advierte que no descartará ninguna medida de presión. La amenaza de huelga general en diciembre permanece sobre la mesa, según sus portavoces.
UGT: prudencia y “hacer números” antes de decidir
UGT Servicios Públicos, a través de su secretaria general, ha señalado que la oferta complica la negociación. El sindicato espera revisar las cifras y analizará si la nueva ronda de conversaciones altera su valoración.
En sus palabras, el acuerdo plurianual debe garantizar el poder adquisitivo. Por ahora, apuntan a esperar la reunión de mañana antes de fijar posicionamientos sobre movilizaciones.
Qué recuerda el precedente: el pacto salarial 2022-2024
El último acuerdo entre Gobierno y sindicatos abarcó 2022-2024. Incluía complementos fijos y variables y permitió un incremento cercano al 10% en ese bienio.
- Cuando se firmó, la inflación rondaba el 10%.
- El costo estimado de aquel pacto estuvo próximo a los 13.000 millones de euros.
La respuesta del Ministerio y las propuestas no salariales
Función Pública, bajo la dirección de Óscar López, asegura que analizará las alegaciones sindicales. El ministerio defiende que el marco en negociación busca algo más que subidas: pretende mejorar servicios y gestión.
Entre los objetivos no retributivos que se han tratado en mesas previas figuran:
- Agilizar y modernizar los procesos selectivos.
- Potenciar la promoción interna y el desarrollo profesional.
- Planificar plantillas y efectivos con criterios de necesidad real.
- Mejorar la atención a la ciudadanía y las condiciones de trabajo.
Próximos pasos: nueva reunión y calendario de negociación
Tras la protesta sindical, el Ejecutivo ha convocado a las centrales a una nueva reunión al mediodía del jueves. Las partes llegarán con posiciones distanciadas y con la presión de conjugar limitaciones presupuestarias y la exigencia de recuperar poder adquisitivo.
Los sindicatos anuncian que llevarán datos y propuestas concretas. El Gobierno, por su parte, deberá decidir si revisa las cifras o mantiene el planteamiento inicial para ajustarse al techo de gasto y a sus previsiones macroeconómicas.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.
