Los sindicatos han vuelto a elevar la presión contra el Gobierno ante la falta de avances en la negociación salarial y laboral del sector público. CCOO, UGT y CSIF han anunciado movilizaciones para finales de octubre y advierten que, si no se abre una mesa de diálogo con el ministro, están dispuestos a convocar la primera huelga general de funcionarios en esta legislatura.
Fechas clave y formato de las protestas
Las centrales han fijado el 30 de octubre como jornada de protestas en todo el país. La protesta combinará concentraciones provinciales y actos centrales en Madrid.
- Concentraciones frente a las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia.
- Convocatoria específica ante la sede del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública en la capital.
- Rueda de prensa y comparecencias conjuntas para mostrar unidad sindical.
Los sindicatos subrayan que estas acciones son el primer paso de un calendario mayor, que culminaría con una huelga general de empleados públicos en diciembre si no hay respuesta.
Unidad sindical y mensaje al ministerio
En la comparecencia conjunta, los representantes pusieron en valor la coordinación entre organizaciones con trayectorias distintas. Buscan forzar al Ejecutivo a sentarse a negociar.
Según los portavoces, la situación es insostenible: los servicios que presta la Administración se resienten y la plantilla pública acumula pérdida de poder adquisitivo.
El coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, defendió la urgencia de un acuerdo. Denunció la contradicción entre las subidas pactadas en el sector privado y la persistente congelación de las retribuciones públicas.
Exigencias concretas sobre salarios y condiciones
Las demandas sindicales combinan reivindicaciones salariales y reformas en empleo. Entre los puntos que reclaman destacan:
- Negociación inmediata en la Mesa del Diálogo Social con fecha y orden del día.
- Apertura de un acuerdo salarial que contemple incremento y mecanismos de revisión.
- Cláusulas que garanticen la protección frente a la pérdida de poder adquisitivo.
- Medidas contra la temporalidad y refuerzo de plantillas.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha exigido que el ministro cite ya a las centrales. Reclama cifras, criterios y compromisos formales sobre el contenido del acuerdo.
Propuestas legislativas y demanda de revalorización automática
CSIF, por su parte, apuesta por una vía normativa. Su presidente, Miguel Borra, reclama una ley que vincule la revalorización salarial pública a índices automáticos.
- Revalorización automática, similar al mecanismo que aplica a las pensiones.
- Un porcentaje adicional pactado con los sindicatos para compensar la inflación.
- Medidas estructurales para evitar la pérdida de poder adquisitivo a medio plazo.
Borra defendió que el Ejecutivo tiene herramientas para actuar sin esperar a la aprobación de los Presupuestos.
Empleo público, oferta de plazas y temporalidad
La negociación no solo gira en torno a salarios. Los sindicatos recuerdan la deuda pendiente en materia de empleo público.
- La Oferta de Empleo Público de julio no llegó a cristalizar en un acuerdo amplio.
- La temporalidad en la Administración supera el 30% según las cifras citadas por las organizaciones.
- Demandan eliminación de la tasa de reposición y planes para reducir la interinidad.
Las centrales ponen en relación la precariedad laboral con el dictamen de la justicia europea sobre contratación temporal.
Tensión política y crítica al ministro
Los líderes sindicales han situado la responsabilidad en la puerta del Ministerio para la Función Pública. Acusan al titular de priorizar otros roles públicos y no atender la negociación colectiva.
En ese tono, reprochan que la agenda del Ejecutivo haya dejado sin resolver cuestiones básicas de plantilla y remuneración.
Ultimátum y condiciones para evitar el conflicto
Las organizaciones han marcado una línea roja: la convocatoria de una huelga general de funcionarios en diciembre si antes no se convoca la Mesa del Diálogo Social y no se inician negociaciones con garantías.
- Plazo para la apertura de la mesa de negociación: corto y determinado.
- Compromiso de diálogo y calendario de negociación por escrito.
- Transparencia sobre los índices y fórmulas de subida salarial.
Repercusiones para los servicios públicos y la ciudadanía
Los sindicatos advierten que la falta de respuesta puede afectar la prestación de servicios esenciales. Insisten en que recortes de plantilla y salarios estancados repercuten en la atención ciudadana.
El escenario que plantean las organizaciones se presenta como un dilema político: ceder a las demandas o afrontar un conflicto con impacto en la gestión pública.
Pasos siguientes y seguimiento de la movilización
Tras las concentraciones previstas, las centrales analizarán el grado de respuesta del Gobierno y decidirán los movimientos posteriores. Mantienen la coordinación pero cada sindicato también hace aportaciones propias.
- Evaluación de la movilización del 30 de octubre.
- Decisión conjunta sobre la convocatoria de huelga en diciembre, si no hay avances.
- Presión pública y negociación mediática para forzar la mesa de diálogo.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.
