EEUU ordena ejecutar laudo de renovables contra España por BayWa: ¿qué paga ahora Madrid?

Clelia Olivárez

Documentos legales, sellos de tribunales y mazo de juez sobre escritorio

Un nuevo fallo en tribunales federales de Estados Unidos ha acelerado la presión sobre España para pagar indemnizaciones derivadas de la cancelación retroactiva de primas a las renovables. La resolución abre un camino más claro para que los acreedores persigan bienes y ejecuten laudos internacionales desde varias jurisdicciones.

Fallo reciente en EE. UU. que facilita la ejecución de laudos

El juez Amit P. Mehta, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, emitió una Final Judgment que autoriza la ejecución del laudo del CIADI vinculado al caso conocido como BayWa. Los acreedores han sido reconocidos con un crédito de 28,2 millones de dólares (unos 24,7 millones de euros).

Ese importe seguirá aumentando por intereses de demora hasta que se efectúe el pago total. El expediente lo tramita Blasket Renewable Investments y la sentencia llegó justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara una petición de certiorari presentada por el Reino de España.

Sentencias federales recientes y la cifra global que preocupa a Madrid

En las últimas semanas, varios acreedores han registrado ante tribunales estadounidenses una serie de sentencias federales derivadas de laudos arbitrales. El importe agregado se aproxima a 700 millones de euros.

Sala de tribunal federal con juez dictando sentencia
Los tribunales federales estadounidenses han registrado varias sentencias contra España por laudos arbitrales.

  • Estas resoluciones provienen de demandas relacionadas con la reducción retroactiva de incentivos a las energías renovables.
  • Entre los inversores afectados figuran empresas como NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed y Rreef Infrastructure.

El registro de estas sentencias busca diversificar los foros desde los que se persiguen activos del Estado español.

Cambio de estrategia de los acreedores: de discutir jurisdicción a ejecutar laudos

Con la negativa del Supremo estadounidense a revisar las causas, los litigantes han modificado su enfoque. Antes la batalla se centraba en si los tribunales de EE. UU. podían conocer las reclamaciones.

Ahora, según fuentes cercanas a los demandantes, el foco está en la ejecución efectiva de los laudos y en identificar bienes embargables. La prioridad es obtener órdenes de discovery y medidas cautelares que permitan localizar activos vinculados a España.

Los abogados de los acreedores sostienen que la nueva etapa incrementa la presión. Ya no es cuestión de competencia judicial, sino de cuánto y con qué rapidez se recuperarán las cantidades reconocidas.

Jurisdicciones implicadas y activos en riesgo fuera de España

La ofensiva legal contra España no se limita a Estados Unidos. Los acreedores han incitado procedimientos de reconocimiento y ejecución en varios países.

Documentos de procedimientos legales internacionales en diferentes jurisdicciones
España enfrenta procedimientos de ejecución en Bélgica, Países Bajos, Australia y Singapur.

  • Bélgica: Hay aproximadamente 250 millones de euros bloqueados en cuentas bancarias que los demandantes han intervenido.
  • Países Bajos: Se han iniciado trámites para el embargo y posible venta del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
  • Australia: Los tribunales australianos ya reconocieron más de cuatro laudos contra España, por un importe conjunto superior a 400 millones de euros.
  • Singapur: El Tribunal Supremo local dictó resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos por más de 300 millones de euros.

En total, España acumula 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago, con causas abiertas en distintos continentes.

Impactos reputacionales y el riesgo financiero para España

Fuentes especializadas advierten que la cadena de embargos y sentencias erosiona la imagen del país. La concatenación de derrotas judiciales complica la gestión de activos y las relaciones con inversores extranjeros.

Los acreedores, por su parte, multiplican las vías para asegurar ejecuciones. Cada nueva orden, registro o sentencia refuerza la posibilidad de embargar bienes estatales o vinculados a España.

Pasos procesales que intensifican la presión

Los procedimientos en EE. UU. incluyen solicitudes de discovery para localizar cuentas y propiedades. Las cortes federales pueden emitir órdenes que obliguen a entidades a facilitar información clave.

  • Solicitudes de documentación financiera y contratos.
  • Órdenes de localización de activos y medidas cautelares.
  • Petición de ejecuciones sobre bienes situados en jurisdicciones colaboradoras.

Lo que sigue: más registros y medidas de cobro

El ritmo de actuaciones sugiere que la estrategia de los acreedores continuará en aumento. La combinación de sentencias federales, embargos en Europa y resoluciones en Oceanía y Asia constriñe las opciones de España.

El resultado práctico dependerá de la velocidad para implementar embargos y de la cooperación judicial entre países. Mientras tanto, las cuentas y propiedades en el exterior quedan en la mira de quienes buscan hacer efectivos los laudos.

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