El Gobierno presenta la quita de deuda autonómica como una vía para liberar recursos y reforzar los servicios públicos. Pero la letra pequeña de la ley fiscal y los informes de los supervisores tensan ese mensaje. Solo una comunidad parece tener margen real para convertir ese ahorro en gasto social.
Qué plantea la quita y el argumento oficial
El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, sostiene que la condonación de parte del endeudamiento autonómico permitirá reducir los pagos de intereses. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el conjunto de autonomías podría ahorrar alrededor de 6.700 millones de euros en intereses.
El Gobierno insiste en que ese ahorro se traducirá en más recursos para la sanidad, educación, vivienda y dependencia. En su discurso, asegura que las comunidades podrán destinar esos fondos a políticas sociales, al tratarse de competencias transferidas a los ejecutivos regionales.
La letra pequeña: la Ley de Estabilidad Presupuestaria
La normativa fiscal vigente impone límites a cómo y cuánto pueden gastar las comunidades. El artículo 12 de la Ley de Estabilidad establece una tasa de referencia anual para el crecimiento del gasto.
- Si una comunidad ha incrementado ya sus partidas por encima de esa tasa, no genera margen adicional.
- Los intereses de la deuda se consideran gasto financiero y no siempre entran en el cómputo del gasto computable.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha recordado que el ahorro en intereses no altera el cálculo de la regla de gasto. En consecuencia, ese ahorro no crea automáticamente espacio para aumentar el gasto en otras políticas públicas.
¿Quién puede usar realmente el ahorro?
Con los informes disponibles, solo una comunidad reúne condiciones para aprovechar el recorte de intereses como margen de gasto en 2025: La Rioja.
- La tasa de referencia prevista para 2025 es del 3,2%.
- La Rioja aparece con un incremento del gasto del 2,7%, por debajo del umbral.
- Se estima que a La Rioja le correspondería una condonación de unos 448 millones de euros.
El presidente riojano, Gonzalo Capellán (PP), ha mostrado una disposición pública más abierta a aceptar la quita. Pero su comunidad es una de las menos beneficiadas en términos absolutos.
Quiénes ganarían más y quiénes menos
- Andalucía y Cataluña se perfilarían entre las más beneficiadas por la reducción de deuda.
- La Comunidad de Madrid figura entre las beneficiarias, aunque cuantías como la de la capital se consideran reducidas: apenas unos 24 millones de ahorro, según el Ejecutivo regional.
Interpretaciones contrapuestas: Hacienda vs Airef
Desde Hacienda se lanza un mensaje claro: el ahorro por intereses debe servir al bienestar. Pero la Airef y la propia redacción del anteproyecto matizan o contravienen esa tesis.
La consultoría que acompaña el anteproyecto explicita que se aplicará el artículo 12 de la Ley de Estabilidad, para evitar un posible riesgo moral. Es decir, se pretende impedir que la quita de deuda se traduzca en un aumento directo e indiscriminado del gasto corriente.
Condiciones que deben cumplirse para liberar margen
Para que una comunidad pueda incorporar el ahorro en intereses a su gasto útil, deben darse, al menos, estas condiciones:
- Que el incremento del gasto en el periodo sea inferior a la tasa de referencia fijada por Economía.
- Que la contabilización del ahorro en intereses permita generar espacio en la regla de gasto.
- Que los informes técnicos y de control avalen la operación sin alterar el objetivo de déficit.
Si no se cumplen, el efecto práctico de la quita sobre el gasto público será limitado.
Reacciones políticas y posibles vías legales
La propuesta ha provocado tensiones entre el Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos. Dirigentes como Isabel Díaz Ayuso y otros presidentes autonómicos del PP han mostrado rechazo o cautela.
La Comunidad de Madrid anunció que presentará alegaciones durante el trámite de audiencia y no descarta llevar el asunto al Tribunal Constitucional. El argumento central es la supuesta vulneración de competencias o el perjuicio económico para su gestión.
Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que desde el Ejecutivo central no tienen todas las herramientas para forzar que las autonomías destinen esos ahorros a gasto social. De ahí las discrepancias públicas y la campaña de persuasión dirigida a gobiernos regionales.
Riesgos y efectos sobre las cuentas públicas
La condonación de deuda reduce el pago de intereses de las comunidades, pero eleva el déficit de la Administración central. La Airef advierte del impacto en el cómputo consolidado y del potencial efecto de incentivo para una gestión menos prudente.
- Reducción de intereses en las cuentas autonómicas.
- Aumento del déficit en la Administración central al absorber parte del pasivo.
- Posible necesidad de ajustes futuros si la regla fiscal europea se aplica con rigor.
En suma, la medida tiene implicaciones redistributivas y fiscales que aún deben aclararse en los informes oficiales.
Escenario a medio plazo y pasos pendientes
El Ministerio de Economía publicará su informe anual con la tasa de referencia. Ese documento fijará el margen real que cada comunidad tiene para incrementar gasto.
Paralelamente, las conversaciones políticas y las posibles contenciosas judiciales marcarán el ritmo de implantación. Mientras tanto, el debate sigue entre la promesa política y las limitaciones fiscales.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.
