Estatuto del becario aprobado por el gobierno: llega tras dos años de espera

Clelia Olivárez

El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario dos años después de firmarlo con los sindicatos

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el nuevo Estatuto del Becario, una ley que modifica las reglas de las prácticas profesionales. La norma impone obligaciones claras a las empresas y amplía derechos para quienes realizan prácticas. La medida retoma un acuerdo social cerrado en junio de 2023 y llega tras un largo proceso político.

Principales obligaciones para empresas y centros

El texto legal obliga a entidades que acogen estudiantes a asumir los costes relacionados con la formación práctica. El objetivo es evitar que las prácticas supongan un gasto para la persona en formación.

  • Las empresas deben cubrir los costes previstos en el convenio o acuerdo de cooperación.
  • Los gastos a compensar incluyen, como mínimo, desplazamiento, alojamiento y manutención.
  • La norma protege el acceso a espacios comunes y prohíbe segregar a los estudiantes en prácticas.

Compensaciones y límites mínimos

La compensación será de una cuantía mínima que cubra los gastos derivados de la actividad formativa. El diseño de esas compensaciones tendrá que respetar lo fijado en el convenio aplicable.

Condiciones laborales y diseño formativo

El Estatuto busca que la estancia en la empresa sea realmente formativa. Para ello introduce requisitos sobre el rol del becario y el plan de trabajo.

  • Queda prohibido emplear a un becario para sustituir a una persona trabajadora.
  • La permanencia en la empresa debe regirse por un plan de formación detallado.
  • Los representantes sindicales deberán participar en la elaboración del plan.

Protecciones adicionales

Se refuerzan derechos básicos durante las prácticas. No se podrá limitar el uso de zonas comunes. Tampoco permitirán prácticas que supongan explotación o tareas no vinculadas a la formación.

La pata sancionadora: multas y reforma de la LISOS

El anteproyecto introduce cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Se prevén multas para las empresas que incumplan.

  • Infracciones muy graves, grado máximo: 120.006 a 225.018 euros.
  • Infracciones muy graves, grado mínimo: 7.501 a 30.000 euros.
  • Infracciones de grado medio: 30.001 a 120.005 euros.

Origen del texto y recorrido político

El Estatuto parte de un acuerdo de diálogo social firmado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo, UGT y CCOO. La CEOE no se sumó al pacto y generó tensiones desde el inicio.

La tramitación se ha demorado por discrepancias internas en el Gobierno. Las diferencias entre el ala socialista y el grupo Sumar, y la necesidad de contar con otros apoyos parlamentarios, ralentizaron el avance del expediente.

Reacciones académicas y empresariales

Algunos rectores universitarios expresaron reservas sobre el texto. Las organizaciones empresariales manifestaron su desacuerdo por la obligación de asumir determinados costes.

La versión política: claves del mensaje de la vicepresidencia

La vicepresidenta responsable del área laboral situó la norma como un logro derivado de reformas previas. Celebró el avance de la ley junto a los buenos datos de empleo.

  • Vinculó la mejora del mercado laboral con la reforma negociada en 2021.
  • Defendió que el impulso al Estatuto busca fortalecer la protección de las personas en formación.
  • Subrayó que la política laboral del ministerio ha apostado por cambios disruptivos.

Contexto de empleo y narrativa pública

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, la ministra destacó cifras positivas del empleo recientes. Ligó esos resultados al rumbo marcado por la reforma laboral y la actuación del Ministerio.

Qué cambia para estudiantes y empleadores

El Estatuto introduce obligaciones concretas y sanciones disuasorias. Para estudiantes supone mayor protección económica y normativa. Para empresas implica nuevas responsabilidades administrativas y patrimoniales.

  • Más seguridad jurídica sobre condiciones de las prácticas.
  • Participación sindical en los planes formativos.
  • Riesgo de multas elevadas en caso de infracciones graves.

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